El exdiputado en el Parlamento de Cataluña por la CUP Antonio Baños, citado a declarar como testigo en el juicio del proceso, se ha negado a responder a las preguntas de la acusación popular que ejerce el partido de ultraderecha Vox.
La situación se ha repetido con el siguiente testigo: Eulàlia Reguant, regidora en el Ayuntamiento de Barcelona por la CUP.
Baños ha preguntado al presidente del tribunal las consecuencias de negarse a responder y, a pesar de que Manuel Marchena le ha avisado que podía haber consecuencias penales, el exdiputado ha asegurado que no respondería "por dignidad democrática" y "antifascista".
La decisión de Baños ha generado momentos de incertidumbre en la sala. El presidente Marchena ha propuesto reproducir él las preguntas del abogado de Vox. A pesar de que el testigo lo ha aceptado, finalmente Marchena ha decidido parar la sesión unos minutos.
Después, el Tribunal Supremo ha comunicado que multa a Baños y a Reguant con 2.500 euros por negarse a declarar a la acusación particular, que los había citado como testigos.
