La Fiscalía Anticorrupción considera que se puede perseguir penalmente a Juan Carlos I de Borbón, rey emérito de España, si obtiene indicios de que obtuvo alguna comisión irregular por haber facilitado la adjudicación del AVE a La Meca, publica La Vanguardia.
Según la misma información, la clave para perseguirlo penalmente radica en acreditar que Juan Carlos I dispuso de los fondos reiteradamente y que lo hizo cuando dejó de ser jefe de Estado, etapa en la que ya no disfruta de inviolabilidad.
El técnicos de Hacienda (Gestha), por su parte, aprecian la existencia de "indicios racionales" de delito por parte del rey emérito y han pedido a la Agencia Tributaria que investigue si ha cometido fraude fiscal y blanqueo de capitales.
Fuentes de la investigación citadas por La Vanguardia indican que las indagaciones se encuentran en su fase inicial, en la que se intenta determinar el circuito de los fondos bajo sospecha, después de que la Fiscalía abriera diligencias en 2018 sobre el presunto cobro de comisiones irregulares por aquella adjudicación del AVE.
Las ocho cajas de Corinna
Por otro lado, según revela Eldiario.es, Corinna Larsen afirmó que disponía de documentación comprometedora sobre la familia real española que cabía en ocho cajas. Se trata, supuestamente, de documentos probatorios de asuntos privados, correspondencia oficial, informes políticos confidenciales y transacciones financieras y comerciales que involucran a Juan Carlos I y a otros miembros de la Casa Real, añade este diario digital citando el contenido de una acta notarial con la que Corinna Larsen ratificó las afirmaciones realizadas por el comisario José Villarejo en un programa de televisión sobre las amenazas que atribuyen a la exdirector del CNI Féliz Sanz Roldán.
