El 10 de mayo, la Mesa del Parlament admitió a trámite la propuesta de resolución de ERC, JxCat, la CUP y En Comú Podem para crear una comisión de investigación del caso Pegasus sobre espionaje a independentistas catalanes. Esta iniciativa surgió como consecuencia de la publicación de un informe del laboratorio de investigación en tecnología y derechos humanos Citizen Lab, dependiente de la Universidad de Toronto, que, bajo el lema de CatalanGate, denunciaba que se había espiado teléfonos móviles y ordenadores de 65 personas vinculadas al movimiento independentista catalán con los softwares maliciosos Pegasus y Candiru. Han pasado tres semanas y ninguno de los cuatro grupos políticos que impulsaron esta comisión de investigación ha anunciado ni hecho ninguna propuesta para que se ponga en marcha.
En el caso de En Comú Podem se explica el poco interés en dinamizar los trabajos de una comisión de investigación concebida para desprestigiar y criticar la gestión del gobierno español en el que están representados. Más inexplicable es la actitud de los tres partidos independentistas que organizaron una rueda de prensa en el Parlamento europeo al día siguiente de que se hiciera público el CatalanGate de Citizen Lab para anunciar numerosas acciones judiciales, buena parte de las cuales sí que han adoptado ya. A esa rueda de prensa con fue invitado En Comú Podem. Toda la prisa que han tenido ERC, JxCat y la CUP por llevar el caso a los juzgados les ha faltado en el Parlament para avanzar en el trabajo de la comisión de investigación.
Una comisión de investigación que analice los datos aportados por el CatalanGate y la forma en que los ha conseguido Citizen Lab puede dejar en evidencia la manipulación política que ha habido detrás de ese proceso. Como han demostrado los 16 profesores universitarios de distintos centros catalanes, españoles e internacionales, el informe incurre en numerosos errores, falsedades, contradicciones, ocultación de datos y carencia de rigor científico. Estos docentes y científicos están encabezados por el profesor del departamento de Ciencia Política y Administración de la UNED y de la London School de Economía y Ciencia Política, José Javier Olivas. Su comparecencia, por ejemplo, dinamitaría la credibilidad de Citizen Lab y su informe.
Otra de las personas que tendrá que comparecer en la comisión, si es que realmente se acaba creando finalmente, es Elies Campo. La expresidenta de la Assemblea Nacional Catalana Elisenda Paluzie ha afirmado en varias ocasiones que el CatalanGate no habría sido posible sin él. Ronald Deibert, director de Citizen Lab, ha explicado que Campo trabajó a sus órdenes en la elaboración de este informe desde 2020 aunque no lo contrató hasta el pasado mes de febrero. Elies Campo es un independentista que no terminó la carrera de Tecnología en La Salle, centro vinculado a la Universidad Ramon Llull, que incluye en su currículo que ha trabajado seis años en Telegram Messenger, desmentido por el portavoz de esta empresa. La parcialidad de su participación en este estudio supuestamente académico quedó evidenciada el 1 de octubre de 2017 cuando entró, entre aplausos, una urna en el Casinet de Hostafrancs por la celebración del referéndum independentista.
Por otro lado, la comisión de investigación no podrá esconder, como están haciendo los medios de comunicación públicos de la Generalitat y los de la órbita independentista, que el espionaje sufrido por algunas de las víctimas del caso Pegasus se debe a su relación con misteriosos emisarios del Kremlin, uno de los cuales llegó a ofrecer 10.000 soldados rusos y una enorme cantidad de dinero a cambio de que el gobierno de la Generalitat convirtiera Catalunya en un paraíso fiscal por cuatro criptomonedas.
Muchos dirigentes de los partidos independentistas piensan que es mejor inventarse cualquier excusa para matar la comisión que pasar por el trance que supondría aguantar las críticas que les van a llover por haber organizado un escándalo que les puede estallar en la cara.
