La Sindicatura de Cuentas ha detectado varias disfunciones contables en los contratos a empresas para prestar el servicio a los centros de acogida de menores de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). La Sindicatura ha hecho público un informe del periodo 2016-2020 y ha concluido que la DGAIA prorrogó varios contratos sin firmar ningún documento de prórroga, a pesar de que se continuaron prestando los servicios. También se usó «reiteradamente» el procedimiento de emergencia en la contratación de los servicios el 2017 y el 2018 sin que se cumplieran los motivos recogidos legalmente. Además, se incluyeron modificaciones del régimen económico que supusieron una alteración «significativa» de los contratos originales.
Por otro lado, el informe explica que en los centros de la muestra el gasto reconocido por la DGAIA fue superior al gasto contratado en 774.283 euros el ejercicio 2016, 5,26 millones en 2017 y 11,80 en 2018. Ante la falta de formalización o retraso en la formalización de las prórrogas de los contratos de los servicios prestados, la facturación de estos servicios «no tenía cobertura legal para el reconocimiento del gasto». Para pagar este gasto, en los ejercicios de 2017, 2018, 2019 y 2020, la DGAIA tramitó diferentes comunicaciones al Gobierno de la Generalitat para que tomara conocimiento del reconocimiento extrajudicial de crédito. La Sindicatura ha afirmado que la falta de tramitación de las prórrogas podía ser motivo para incurrir en un supuesto de responsabilidad establecido normativamente.
El informe también ha fiscalizado al Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, de quien asegura tampoco formalizó en ningún documento administrativo una parte de las prórrogas anuales de los contratos adjudicados a empresas prestamistas de los servicios de acogida a la infancia y la adolescencia de la capital catalana. El escrito señala que en 2016 reconoció el gasto de 15 centros sin tener ningún amparo formal para poder ser reconocido en el presupuesto, y añade que en 2018 los pagos de las obligaciones efectuados por el Consorcio, por valor de 44,2 millones, se hicieron senes que tuvieran un instrumento jurídico válido vigente que los soportara. Estos pagos se incluyeron después en el expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito de mayo de 2019.
La Sindicatura concluye que la no formalización expresa de las prórrogas antes de finalizar el periodo de vigencia establecido en el contrato inicial o en la prórroga del ejercicio anterior conduce a la extinción del contrato, atendida la prohibición legal de las prórrogas tácitas o no documentadas. Además, considera que las resoluciones de adaptación dictadas en 2019 y en 2020 serían también constitutivas de nulidad de pleno derecho por el mismo motivo y la Sindicatura apunta que habría que someterlas al procedimiento de revisión de oficio. Ante estas conclusiones, la Sindicatura ha recomendado evaluar las necesidades y hacer estudios económicos del coste del servicio para adaptar los precios de los módulos y continuar con los procesos de regularización que se han iniciado.
