La Fiscalía del Tribunal de Cuentas reclama 3,1 millones de euros a Puigdemont, Junqueras y Mas por el ‘procés’ independentista

Las defensas pidieron suspender el procedimiento por la aprobación de la amnistía, pero los consejeros lo rechazaron

Puigdemont y Junqueras, durante una reunión del gobierno de la Generalitat
Puigdemont y Junqueras, durante una reunión del gobierno de la Generalitat

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas (TdC) ha confirmado la petición de 3,1 millones de euros de responsabilidad patrimonial a una treintena de exaltos cargos del gobierno catalán por los gastos de Exteriores y el 1-O durante el procés independentista, entre los cuales están los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, varios exconsejeros y otros cargos del ejecutivo, del Diplocat y de las delegaciones en el extranjero. A pesar de que las defensas habían pedido suspender el procedimiento porque previsiblemente serán amnistiados, la consejera de enjuiciamiento lo descartó y la vista se celebró el noviembre pasado.

A parte de Mas, Puigdemont y Junqueras, otros encausados relevantes son los exconsejeros Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Toni Comín, Lluís Puig y Neus Munté; exsecretarios generales como Albert Royo, Joaquim Nin, Roger Albinyana o Aleix Villatoro; secretarios de departamentos y delegados de la Generalitat en el extranjero como Amadeu Altafaj, Martí Anglada, Andrew Scott o Josep Suàrez Iborra. Las defensas piden el archivo o la anulación del caso, cuestionando la legitimidad del procedimiento y de los métodos utilizados, y aduciendo indefensión. También apuntan que los hechos han prescrito, porque han pasado más de cinco años.

Por otro lado, si se acaba aprobando la ley de amnistía es previsible que el grosor de los acusados se puedan beneficiar de esta medida. Además de esto, el procedimiento puede tener dos niveles de recurso, en un primer momento en una instancia superior dentro del Tribunal de Cuentas y, posteriormente, en la sala tercera del Tribunal Supremo.

El ministerio público pide en total una responsabilidad patrimonial de unos 336.000 euros menos de los inicialmente reclamados a los encausados porque había retirado del cómputo la campaña Civisme. Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC), también acusación, reclamaba más de 5 millones de euros tanto por los costes de organizar y celebrar el 1-O como por el gasto de la «política exterior» desplegada por el gobierno catalán a través del Diplocat durante los años del procés.

(Visited 35 times, 1 visits today)
Facebook
Twitter
WhatsApp

avui destaquem

Deja un comentario