El centro para la defensa de los derechos humanos Irídia ha reclamado este martes al Gobierno de la Generalitat de Catalunya que aplique los protocolos ya existentes sobre información, acompañamiento y asesoramiento a las víctimas bajo custodia policial o penitenciaria. La entidad asegura que protocolos similares ya se aplican en el caso de la violencia machista o los accidentes de tráfico, pero no se hace en el caso de lisiados o muertos a manos de la policía o de funcionarios de prisiones. Así mismo, ha reclamado al Parlamento y al ejecutivo catalán que se cree un mecanismo independiente de supervisión de las actuaciones policiales o penitenciarias contra ciudadanos, puesto que los actuales mecanismos judiciales son muy lentos o no funcionan correctamente.
Durante el año 2023, 146 personas se dirigieron al Servicio de Atención y Denuncia ante situaciones de Violencia Institucional (Saidavi) de Irídia para denunciar presuntas vulneraciones de derechos humanos. De este total, 55 personas y dos colectivos han sufrido violencia institucional y sus casos entraban dentro del ámbito de actuación del Servicio; el resto, cuando correspondía, se han derivado a otras entidades o servicios que los podían apoyar. En cuanto al perfil de las 55 personas afectadas, 20 eran mujeres, 34 eran hombres y de una de las personas no consta el género. En relación con la edad, entre las personas atendidas hay una que en el momento de los hechos era menor de edad, 24 de entre 18 y 34 años, dieciséis de entre 35 y 64 años y, en último lugar, catorce personas de las cuales no consta la edad, puesto que se las ha atendido telefónicamente y no se ha pedido esta información, por no considerarse relevante.
Finalmente, de los 57 casos atendidos, 35 han sido por actuaciones policiales o de seguridad privada en el espacio público, cinco por denuncias de vulneraciones de derechos en prisión, cinco en casos en que la persona se encontraba bajo custodia policial, cuatro en domicilios privados, cuatro en contexto de protesta, uno en el CIE y tres en contextos diversos distintos de los anteriores. Por otro lado, como mínimo en trece de los casos que se han atendido durante el año 2023, en la primera atención se ha identificado un componente discriminatorio en la actuación policial: en nueve casos por racismo, en dos casos por LGBTI-fobia, en un caso por ambos motivos y en un caso porque la persona tenía una discapacidad física. Aun así, es importante destacar que a menudo, por diferentes motivos, las personas no verbalizan el componente discriminatorio hasta después de un tiempo de haber iniciado el acompañamiento y, por lo tanto, puede ser que el número sea superior.
Durante 2023, Irídia ha litigado en un total de 56 casos, pero solo nueve se han asumido este año: 19 en contexto de espacio público o domicilio, 19 en defensa del derecho de protesta, derecho a la información o infiltración policial a los movimientos sociales, 16 en contexto de privación de libertad en comisarías, prisiones o CIE, y dos por torturas durante el franquismo en la comisaría deVvía Laietana. Un total de 49 de los casos siguen abiertos, y en el 40% de estos hay un componente de racismo. En 42 casos se va por la vía penal, mientras que los otros siete son una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la Generalitat o el gobierno español, sea por la vía administrativa o contenciosa. En los casos penales, hay un total de 156 policías, funcionarios de prisiones o vigilantes de seguridad privada encausados: 63 policías nacionales, 48 mozos, 23 policías locales, 10 funcionarios de prisiones y 12 vigilantes privados.
