El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, volverá a intervenir este lunes ante una Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado que el PP ha querido situar como eje de su oposición a la ley de amnistía. Aragonès tomará la palabra en un debate en el que tendrá como otros protagonistas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y cinco presidentes más del PP. Los populares aprovecharán su mayoría absoluta en la cámara alta para aprobar un informe que asegura que la amnistía es «un golpe mortal» para el Estado de derecho, mientras que las formaciones independentistas y el PSOE han presentado votos particulares donde defienden la ley como una herramienta útil para hacer volver a la política el conflicto entre Cataluña y España.
Aragonès vuelve al Senado seis meses después de su última intervención en la cámara alta. En aquella ocasión, el 19 de octubre de 2023, también defendió la amnistía, que entonces era una de las tres peticiones de ERC para la investidura del presidente del gobierno central, Pedro Sánchez. A diferencia de entonces, el presidente de la Generalitat no abandonará el Senado después de intervenir, y se quedará a escuchar las intervenciones de los presidentes del PP.
La sesión empezará a las 10 de la mañana con la intervención del senador del PP Antonio Silván, que defenderá el contenido del informe que el PP ha aprobado en ponencia y que denuncia la inconstitucionalidad de la ley. Posteriormente, tomarán la palabra los portavoces de ERC, Junts y PSOE –así como los de las otras formaciones que presenten votos particulares- y después empezará el turno de los presidentes con Aragonès en primer lugar.
Después de Aragonès, que dispondrá de un turno de 10 minutos, hablarán los presidentes del PP, con el mismo tiempo cada uno. Serán seis, encabezados por Ayuso y siguiendo con el presidente de Murcia, Fernando López Miras; el de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón; el de Aragón, Jorge Azcón; la de Extremadura, María Guardiola, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.
A pesar de que el PP pretendía convertir esta sesión en una nueva muestra de cohesión contra la amnistía, varios barones populares han excusado su asistencia aduciendo cuestiones de agenda. Entre otros el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; el de Andalucía, Juanma Moreno, y la de Baleares, Marga Prohens. Tampoco asisten los presidentes del PSOE: ni el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ni la de Navarra, María Chivite, ni el de Asturias, Adrián Barbón. El lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, también ha declinado participar. El gobierno español tampoco enviará a ningún representante a la sesión, según ha confirmado la Moncloa. A pesar de que tiene potestad de intervenir en el debate en cualquier momento, el ejecutivo central declina asistir a un debate que considera interesado por parte del PP.
Sea cual sea el resultado del debate, el PP aprobará –con su mayoría absoluta- en la comisión un documento muy duro contra la amnistía, que asegura que supondrá «un golpe mortal para nuestro Estado constitucional y autonómico». La ley, según el PP, pretende dejar sin castigo «la vulneración más grave producida en cuatro décadas del principio de solidaridad» y «la destrucción de la unidad territorial del Estado», y «rompe el principio de igualdad». Además, los populares sostienen que la amnistía solo podría ser legal mediante una reforma de la Constitución, motivo por el cual ponen en entredicho que el Congreso pueda aprobar la norma y critican que los letrados de la cámara baja avalaran su tramitación. De hecho, advierten que si el Tribunal Constitucional no lo para, se creará un precedente peligroso.
Votos particulares del PSOE, ERC y Junts
PSOE, Junts y ERC han presentado votos particulares que rebaten estos argumentos. En su voto particular, ERC recuerda que la ley de amnistía «no afecta al Estado Autonómico» ni a «ninguna competencia de ninguna comunidad autónoma», porque las leyes penales, como esta, son competencia exclusiva del Estado. Los republicanos también recuerdan que las amnistías se han utilizado en todo el mundo para «reducir las tensiones y crear un entorno propicio para resolver conflictos» y tienen «tradición y perfecta cabida en los marcos legales español y europeo». Además, según ERC, la amnistía es una «herramienta útil y necesaria en el caso del conflicto político abierto entre Cataluña y España», porque «contribuirá a devolver al ámbito de la política lo que nunca tendría que haber salido de la política».
Junts, por su parte, asegura que el informe del PP «es más un acto de manipulación partidista que una evaluación técnica de su impacto económico». Según el partido posconvergente, la ley «se ajusta a la Constitución española, que otorga al Estado la competencia exclusiva sobre materias penales, sin afectar las competencias autonómicas». En este sentido, Junts asegura que las acusaciones contra políticos y líderes sociales catalanes por parte del Tribunal Supremo «se han criticado como persecuciones políticas injustificadas», y recuerda que organismos internacionales y tribunales europeos «han reconocido la naturaleza pacífica y democrática de las acciones por las cuales se persigue la amnistía».
Según Junts, la ley «sigue las recomendaciones internacionales» y busca «un trato equitativo y la no criminalización de actos pacíficos». Además, recuerda que la Constitución «no prohíbe la concesión de amnistías» y que la jurisprudencia «valida su compatibilidad con la Constitución».
El PSOE también ha presentado un voto particular contra el informe. Los socialistas aseguran que la amnistía es plenamente constitucional y reprochan al PP que la haya llevado a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado por intereses partidistas. En este sentido, recuerdan que la amnistía no afecta a las competencias autonómicas, como sí que lo hacían otras leyes que el PP decidió no llevar a este mismo escenario como la LOMCE o la Ley de vivienda. Todo ello, según el PSOE, «confirma una flagrante contradicción» y muestra la «vocación partidista» de los populares.
Según el PSOE, la amnistía es «una herramienta» que «fortalece» el marco legal y «mira hacia el futuro» para «volver al debate parlamentario las divisiones que siguen tensando las costuras de la sociedad» con el objetivo de un «interés superior: la convivencia democrática».
