Cuatro años de un largo e inexplicable proceso judicial se cumplen este mes de abril desde que, en febrero de 2020, la SER denunciara en antena un presunto escándalo del Barça de Josep Maria Bartomeu relacionado con la contratación de una empresa especializada en el monitoreo, control y gestión de redes sociales corporativas, I3 Ventures, que habría incluido la generación de perfiles falsos con la finalidad de atacar a personajes del entorno del club como Jaume Roures o Víctor Font, que por aquellos días ya había consumido dos años de oposición activa, al mismísimo Pep Guardiola y hasta a jugadores en activo como Gerard Piqué. Resumidamente, ésta es la base de la acusación contra el ex-presidente Bartomeu y parte de su equipo ejecutivo: el CEO Òscar Grau, el jefe de los servicios jurídicos Román Gómez Ponti y el asesor de presidencia, Jaume Masferrer.
Hoy, cuando la causa se encuentra a sólo tres meses de cerrar la instrucción definitivamente, no puede descartarse la posibilidad de que la jueza, Alejandra Gil, no tenga más remedio que archivarla. Que así sea, o no, depende en buena parte de los Mossos d’Esquadra, que realizaron un registro del despacho de Bartomeu, de su domicilio y de las oficinas del club, además de proceder a su detención hace tres años, concretamente el 1 de marzo de 2021, para librarlo ante la juez esposado y tratado exageradamente como un delincuente en busca y captura.
Aquella teatral y desmedida actuación policial sin orden judicial, pues ya existía una investigación anterior delegada en la Guardia Civil, sirvió para provocar titulares espectacularmente agresivos contra la gestión de Bartomeu, casualmente a seis días de las elecciones, y para recordar a los barcelonistas que el antivirus contra el pasado, el rey del rescate y el único candidato con experiencia, solvencia y talento para darle la vuelta a la situación era Joan Laporta. La noche de calabozo que pasó Bartomeu, injustificada penalmente se mire por donde se mire, ya olió a montaje electoralista en aquel momento.
Aquella entrada y registro también proveyó a los Mossos de infinidad de documentación incautada (contratos, e-mails, whatsapps, teléfonos y toda clase de discos duros) que ha sido empleada lamentablemente en desafortunados intentos de promover delitos donde no los había y de confeccionar dossiers sobre tramas ajenas a la causa que, además de dejar bastante en ridículo al cuerpo, en concreto a ese departamento al que alguien de muy arriba le ha dado barra libre, sólo han provocado la inadmisión por parte de la jueza, acompañada de una buena reprimenda. Eso sí, cumpliendo con el propósito de ofrecer a la opinión pública titulares dantescos y terroríficamente acusadores sobre esas presuntas fechorías de Bartomeu, que finalmente no se han sostenido ni acreditado. Más humo.
En cambio, los Mossos no han terminado ni entregado el informe clave sobre la actividad delictiva que, presuntamente, señalaba al presidente Bartomeu como responsable directo de los delitos atribuidos en el llamado Barçagate. ¿Por qué? La mejor explicación, aunque sospechosa y perversa, radica en que al entorno laportista le ha venido muy bien ir detonando minas contra Bartomeu a lo largo de este tiempo, cuando al relato del laportismo le convenía distraerlo de sus errores y poner el foco de la actualidad en otras cosas como el contrato de Piqué, el de Messi, el pago a periodistas o, más recientemente, los intentos de manipulación del informe de PwC encargado por la directiva.
La otra posible razón sería que, después de rebuscar en todos los cajones de esa enorme cantidad de material, la mayoría innecesario, los Mossos no han encontrado esos indicios delictivos que tan claramente parecían proclamar los canales de prensa conectados a las filtraciones del cuerpo, básicamente el programa ‘Què t’hi jugues?’ de la SER y la agencia EFE, sección de deportes en Catalunya, antiguo negociado del actual dircom del Barça, Àlex Santos.
El caso, casualidad o no, es que tampoco el FC Barcelona ha aportado pruebas indiciarias a pesar de haber sido requerido y, desde luego, de haberlas buscado por todos los cajones del club. Lo mismo le pasa a Jaume Roures, que le presentó una querella por calumnias e injurias con el resultado de un archivo inicial, sorprendentemente reabierto por la Audiencia Provincial sólo por posibles injurias. El acusador también parece que se está echando atrás una vez admitidas que las presuntas calumnias por los casos de corrupción imputados en su día a Mediapro eran completamente ciertas y demostrables.
Sucesivamente, el Barça y los Mossos han ido planteando la necesidad, también sin ningún motivo razonable, de prórrogas en esta instrucción, en la que uno de los autos de la magistrada ya ha puesto bastante en duda que Josep Maria Bartomeu pueda estar relacionado, ni remotamente, con la responsabilidad que se le imputa en este Barçagate.
Los acusadores particulares, principalmente el colectivo Dignitat Blaugrana, que salieron corriendo cuando se les exigió un depósito para seguir en el proceso, siguen sosteniendo la misma dialéctica sobre la culpabilidad de Bartomeu por haber pervertido el dinero del club en la contratación de I3 Ventures, por arruinar al club y por el impacto que supondría para el Barça otra condena penal acumulada a la del caso Neymar por delito fiscal. Como suele pasar en este contexto tan irreal de la actualidad barcelonista tales condicionantes no se sostienen con los hechos probados, pues la posible reclamación por malversación de fondos sólo podría llegar en el peor de los casos a un millón de euros y, en ningún caso, impactaría en la situación penal del FC Barcelona debido a que la condena impuesta en la sentencia pactada en el caso Neymar fue por la cuantía y no por la infracción y ya no figura como antecedente.
La recta final del Barçagate, que por cierto sólo sigue interesando a un reducto mediático y cada vez menos al conjunto del barcelonismo, se adentra en un territorio desconocido y procesalmente delicado. No habrá declaración de Bartomeu ni del resto de los investigados hasta que formalmente no exista una acusación basada en el informe policial que los Mossos aún no han sido capaces de entregar ante el tribunal. Su contenido determinará el rumbo de los acontecimientos a partir de ahora, a menos que la táctica policial consiga encontrar la forma de ganar más tiempo o de justificar la petición de nuevas diligencias y dilatar el proceso.
La dinámica, sin embargo, a la vista de las continuas demoras y de la frivolidad e inconsistencia de los ‘otros’ informes de los Mossos con los que se ha intentado ampliar la causa delictiva, por ahora sin éxito, indica que probablemente se llegue a un callejón sin salida, pues si hay que confiar, al menos en este caso, en la diligencia, profesionalidad y eficiencia de los Mossos la causa está perdida para los intereses de la acusación. Eso, siempre y cuando la principal finalidad de su trabajo fuera argumentar ante el tribunal los indicios delictivos. Si sólo hubiera sido la de provocar mucho ruido mediático, perverso y malintencionado, sin motivo ni base para la acusación, entonces lo habrían hecho perfecto.
