Los trabajadores penitenciarios de Cataluña insisten en pedir la dimisión de la consejera de Justicia de la Generalitat, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, y reclaman al presidente del ejecutivo catalán, Pere Aragonès, que los destituya si no dejan el cargo. «No queremos manos manchadas de sangre», han dicho este martes portavoces de los trabajadores en rueda de prensa.
«El resultado de las políticas de esta administración han llevado a un asesinato», ha afirmado Sandra, jurista y criminóloga en el Centro Penitenciario Lledoners. Los trabajadores, al margen de los sindicatos, han reclamado más personal y herramientas así como ser reconocidos como agentes de la autoridad. «Es de sentido común que se nos dote de medidas para volver vivos a casa», ha expresado.
Sandra también ha explicado que la legislación penitenciaria contempla que tanto el régimen de interior como el de tratamiento son «indispensables». «Sin régimen, seguridad y disciplina no puede haber tratamiento, y sin tratamiento no puede haber rehabilitación», ha comentado. En este sentido, Raquel, funcionaria de vigilancia en Quatre Camins, ha denunciado que no tienen herramientas para asegurar el cumplimiento del régimen y de la seguridad. Por ejemplo, ha relatado cómo en los módulos puede haber 120 o 150 internos y los vigilantes se encuentran allí «prácticamente solos» para mediar.
«Es un cóctel Molotov brutal», ha dicho Raquel respecto al hecho de que los internos estén «mezclados» y los haya con patologías psiquiátricas, irascibles, algunos con condenas cortas, otras largas, y también aquellos que quieren seguir el tratamiento. En la misma línea se ha expresado Gabi, funcionario de vigilancia de Poniente, que ha denunciado que la falta de personal «es muy fuerte» y que es «imposible» llevar a cabo un servicio «con profesionalidad» a pesar de la calidad humana «excepcional» que hay dentro del colectivo.
Por su parte, Francina, funcionaria de vigilancia en el Centro Penitenciario Mas d’Enric, ha incidido en la necesidad «de trabajar en un orden» para preservar la seguridad en las prisiones. Esta trabajadora ha dicho, por ejemplo, que el personal del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) es el colectivo que trabaja «con más riesgo», puesto que lo hacen en espacios como la cocina, donde hay cuchillos, o en talleres donde hay tijeras, cúteres o destornilladores que en un momento determinado pueden ser armas. «Como el arma blanca que mató a Núria», ha dicho en relación con la cocinera muerta a manos de un interno el pasado miércoles, en la prisión de Mas d’Enric.
Denuncian «el buenismo» y reclaman más autoridad
Francina también ha denunciado «el buenismo» de las políticas de la administración penitenciaria que, en forma de circulares o instrucciones, ha menguado la autoridad y la seguridad del colectivo de prisiones y no les deja trabajar. «Nos atan de manos y pies», ha dicho esta funcionaria, que ha lamentado no tener medios para sancionar agresiones verbales o conductas que, a causa de esto, acaban derivando en agresiones físicas. Algunos ejemplos de esta deriva citados por los trabajadores durante la rueda de prensa tienen que ver con el hecho de que cada vez pueden hacer menos registros -donde a veces encuentran droga, móviles o armas de fabricación artesanal- o que las sanciones a los internos se aplican a la baja.
«Estamos pervirtiendo las herramientas que tenemos incluso reglamentarias para adaptarlas a un menor gravamen de cara a los internos», ha dicho Sandra. Así, por ejemplo, han señalado que hay conductas que hace un tiempo suponían una regresión a primer grado y ahora ya no porque se les dice que las conductas se pueden trabajar en régimen ordinario. Del mismo modo, se han quejado de que hace unos años era suficiente una amenaza de muerte para ser trasladado a otra prisión o si un interno insultaba a un trabajador salía del módulo. Además, también han lamentado que una vez se produce la agresión, los compañeros agredidos quedan «totalmente desamparados».
«Lo que queremos es trabajar, pero en unas condiciones adecuadas», ha resumido Gabi. Tanto él como la resta de trabajadoras que han hablado en la rueda de prensa han coincidido en que ellos quieren volver a la normalidad, pero no a cualquier precio: «Están totalmente inhabilitados para continuar en su cargo». Así, han insistido en pedir las dimisiones de Ubasart y Calderó, y también la de las direcciones de las prisiones de Mas d’Enric y Quatre Camins. De hecho, han pedido al presidente de la Generalitat que los destituya «y el problema de prisiones se acabará inmediatamente».
