La última Comisión de Igualdad y Feminismos del Parlamento de Cataluña, celebrada este lunes, ha aprobado una propuesta de resolución de apoyo a la defensora de los derechos de las mujeres de Andorra Vanessa Mendoza Cortés, psicóloga social experta en violencias y presidenta de la asociación feminista andorrana Stop Violències. La resolución, propuesta por ERC, la CUP y En Comú Podem, ha salido adelante con el apoyo de estos tres grupos y de dos diputadas de Junts, entre las cuales está Aurora Madaula, mientras que una tercera juntera se ha abstenido. El PSC y Vox han votado en contra.
La republicana Jenn Díaz ha recordado que esta propuesta de resolución viene de una «declaración institucional fallida» que se iba a votar el pasado 23 de noviembre en el Parlamento y que, finalmente, cayó por el PSC y por Junts, después de que este último partido se desmarcara en el último momento. Díaz ha recordado que mientras se rechazaba esta declaración institucional a favor de la activista andorrana y en defensa de los derechos sexuales y reproductivos en el país pirenaico, se aprobaba una propuesta muy similar sobre El Salvador con el apoyo de los socialistas y los posconvergentes, y ha lamentado que «cuando estos derechos entran en colisión con los privilegios de los poderosos, las mayorías decaen». La diputada de ERC también ha destacado la «buena noticia» que supone que, finalmente, Cortés ha sido absuelta.
Por parte de los comunes, la diputada Susanna Segovia ha pedido a los grupos que, del mismo modo que cuando se trata de Cataluña o de países como Ucrania, «los informes de Amnistía Internacional sirvan también para denunciar las vulneraciones de derechos humanos en Andorra». De hecho, ha destacado que la activista ha sido absuelta «porque ha habido un intento de criminalización de la protesta por parte del Gobierno de Andorra», y que lo único que piden las andorranas es poder ejercer su derecho a abortar en su país, en vez de tener que viajar a Cataluña.
La diputada de la CUP Basha Changue se ha mostrado «muy de acuerdo» con las palabras de sus compañeras y ha reclamado una ley para blindar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres porque, según ha asegurado, «a Vanessa la persiguieron porque el marco legal andorrano permite ciertas cosas que, de alguna manera, el marco legal catalán y español también ampara». En este sentido, Changue ha criticado las objeciones de conciencia, «que hacen que los profesionales puedan pretender bajo amparo legal que sus derechos laborales están por encima de nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos».
En cuanto a Junts per Catalunya, la diputada Ester Vallès se ha limitado a defender que hay que «poner los derechos de las mujeres en el centro y seguir luchando por los derechos sexuales y reproductivos en todo el mundo», recordando que, según organismos internacionales, la penalización del aborto va en contra de los derechos humanos y, en determinados casos, puede constituir un delito de tortura. Sin embargo, no ha hecho ninguna referencia a Andorra ni a Cortés. Aurora Madaula, en cambio, sí que se ha referido explícitamente, y ha manifestado que la cámara catalana seguirá «defendido que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, que el Parlamento de Cataluña los ha puesto siempre en primera línea, y los defenderá tanto aquí como en Andorra y El Salvador, donde haga falta, porque los derechos de las mujeres son derechos humanos».
El PSC y Vox rechazan la propuesta
Del mismo modo que con la declaración institucional, el PSC se ha posicionado en contra de esta propuesta de resolución de apoyo a la defensora andorrana de los derechos de las mujeres porque, según ha dicho el diputado David González, el hecho de que las leyes de Andorra «no nos gusten», «no es motivo suficiente para intervenir en un país vecino». A parecer del socialista, «el caso de Andorra no es el de otros casos que encontramos en el ámbito internacional» porque el Principado «se considera un país democrático y este parlamento no tiene competencia para ingerir en un país con leyes democráticas». En Andorra, sin embargo, el aborto es un delito en todos los supuestos, incluso en los casos de violación a una menor, hecho que contradice el derecho internacional en materia de derechos humanos.
A pesar de su rechazo a la resolución, que también pretende instar a «las autoridades andorranas a revisar la legislación y respetar los Tratados Internacionales adheridos o ratificados por el Estado andorrano, para asegurar el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo», González ha asegurado que el PSC está «a favor plenamente de derechos sexuales y reproductivos» y de su defensa. Vox, como estaba previsto, también ha votado en contra del texto, y ha centrado su discurso en la crítica al aborto y la defensa del derecho en la vida.
