La ley de amnistía ha superado este jueves el penúltimo debate en el Congreso de los Diputados antes de ir al Senado. PSOE, ERC y Junts han sellado el acuerdo en la Comisión de Justicia de la cámara baja. El órgano ha aprobado la incorporación de una enmienda transaccional que, entre otras, establece que quedan excluidos de la aplicación de la ley los actos que puedan ser calificados de terrorismo según la directiva europea. Un giro que elimina del texto las referencias al Código Penal español para asegurar que la amnistía incluye también los encausados del Tsunami Democràtic. Una vez superado el trámite en comisión, la norma está lista para votarse de nuevo en pleno el próximo 14 de marzo.
La aprobación en comisión ha ido precedida de un debate que ha servido para que el PP y Vox cargaran contra la norma afirmando que es «una ley corrupta» (PP) y supone un «golpe de Estado secesionista» (Vox). «Aquí no se ha cerrado nada, por mucho que lo reitere una y otra vez el PSOE. Se vuelve a su punto de partida», ha alertado la diputada popular Cuca Gamarra. Para el PP, la amnistía desprotege al Estado porque el independentismo «lo pueda volver a hacer, pero desde la impunidad». Gamarra ha añadido que la ley de amnistía es «injusta, inconstitucional e inmoral» y solo busca perdonar los delitos más graves en democracia: traición al Estado, terrorismo y corrupción.
Gamarra ha afirmado que «estamos ante una ley corrupta que es el pago, la transacción, que ustedes (el PSOE) tienen que hacer para seguir en el poder». «Han conseguido empeorar aquello que ya estaba mal. Las enmiendas que incorporan hacen la ley más inconstitucional e ilegal», ha resuelto la diputada popular diciendo que la amnistía no tiene nada de impecable, tal como afirma el PSOE.
Desde Vox, el diputado Javier Ortega Smith ha iniciado su intervención avisando que la misma sesión de la Comisión de Justicia era un «fraude a la legalidad» y una «cacicada», puesto que la proposición de ley fue rechazada por la mayoría absoluta de la cámara baja, de forma que tenía que ir «a la papelera». Para los de Santiago Abascal, la norma está hecha «con nombres y apellidos» y bajo demanda de Junts y ERC. «Se amnistiarán delitos de torturas o contra la paz», ha recordado. «Es un golpe de Estado secesionista», ha remachado.
El PSOE habla de «política de verdad»
Por el contrario, el PSOE, Sumar y las fuerzas nacionalistas e independentistas han aprovechado el debate en comisión para exponer las bondades de la amnistía y defender la utilidad política y el rigor jurídico. El diputado socialista Francisco Aranda ha explicado que las enmiendas a las leyes son una práctica «habitual» en la elaboración de cualquier ley, de forma que no se entienden las quejas del PP, que ha intentado suspender la comisión al considerar que no habían tenido tiempo de analizar los cambios a la amnistía que se ha votado hoy. En cuanto a la norma, Aranda ha dicho que permite cumplir el compromiso de Pedro Sánchez en favor de la «desjudicialización» y de abrir una nueva etapa en Cataluña. «Es una ley buena para Cataluña y buena para España», ha resumido el diputado socialista.
Aranda ha insistido que «la ley entró impecable y saldrá impecable, como no podía ser de otra manera. Es respetuosa con el marco europeo, está acogida al derecho europeo, las recomendaciones de la Comisión de Venecia y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es una ley muy trabajada para un tiempo nuevo». El diputado socialista ha añadido que no se perdonan ni los delitos graves de terrorismo, torturas, traición, enriquecimientos ilícitos o contra la «independencia de España». «Estamos haciendo política de verdad», ha resumido.
ERC, Junts y Sumar defienden que se vuelve a «avanzar»
Por parte de ERC, la diputada Pilar Vallugera ha avanzado que retiraba sus enmiendas a la ley de amnistía al considerar que quedaban recogidas en el texto votado hoy. Por otro lado, ha dicho que la norma reconoce que en Cataluña no se produjo ningún delito castigable durante el proceso independentista y mejora puntos como el de la malversación. «Nos permitirá volver a un punto para avanzar todos juntos de nuevo en este horizonte de libertad, que se tiene que hacer a través de un referéndum de autodeterminación», ha prometido . En cuanto al contenido del texto, ha dicho que es «tan inatacable» como el anterior, a pesar de que la judicatura continuará siendo «la que es». «Esta ley puede ser parada ahora y antes», ha alertado.
«Nos habríamos podido ahorrar algunos de los juicios que se han abierto durante este mes y medio, y algunas de las condenas que han recaído. No hemos estado a tiempo», ha lamentado la diputada republicana. Para los republicanos, la amnistía podrá «restaurar en lo posible» el mal hecho a centenares de personas encausadas o condenadas por participar en el movimiento independentista. «Este es un primer paso, pero no será el único», ha remachado.
El diputado de Juntos Josep Maria Cervera ha aprovechado su intervención para reivindicar la decisión de su formación de no avalar a la primera lo redactado de la norma considerando que tenía «carencias importantes». «Cuando los diputados de Junts votamos que no, es porque tenemos motivos de peso para hacerlo», ha defendido. Para Cervera, su «exigencia» ha sido un «acierto» porque permite introducir las recomendaciones de la Comisión de Venecia después de una visita a petición del PP.
«Hoy retiramos nuestras enmiendas y transaccionales anteriores para apoyar las nuevas apoyadas por seis grupos de esta cámara a los cuales agradecemos su apoyo, como también el del grupo mixto, representado aquí por Podemos», ha añadido Cervera. Finalmente, ha afirmado que la norma servirá para proteger de forma «inmediata» a todos los encausados del proceso independentista. «Una ley que, ahora sí, refuerza y adapta a los estándares europeos las exclusiones de terrorismo, la traición y la malversación, para dificultar las tentaciones de aquellos que quieren hacer un mal uso», ha concluido.
Desde Sumar, Gerardo Pisarello ha dicho que la amnistía es «una buena ley» que beneficia a los independentistas, pero también a los que quieren entrar por una vez en un «nuevo tiempo político» centrado en asuntos sociales «más urgentes». «El gran derrotado es el PP, que veinte años después de los atentados del 11-M ha demostrado que para tener el poder está dispuesto a mentir», ha agregado. El dirigente de los comunes también ha apuntado que la norma supone una derrota para Alberto Núñez Feijóo, que ha acabado alineado con las posiciones más duras de su partido, y por algunos jueces que han «comprometido su imparcialidad».
EH Bildu, el PNB y Podemos defienden la norma
Desde EH Bildu, Jon Iñarritu ha resaltado que la amnistía permite que el conflicto catalán se resuelva por la vía «del diálogo» y no a través de los tribunales y el orden público. «Esta ley puede ser que deje abierta a la interpretación de un magistrado de vocación prevaricadora», ha avisado. En cuanto a la negativa del PP, les ha recomendado que «cambien el argumentario» después de escuchar el veredicto de la Comisión de Venecia, favorable a la norma.
Por parte del PNB, el diputado Mikel Legarda ha argumentado que la amnistía permite recuperar «el diálogo, la negociación, la concordia perdida, la convivencia y la paz social». A pesar de que ha admitido que es legítimo que algunas voces consideren la norma equivocada, a su parecer, no se pone en peligro ni la democracia ni la separación de poderes. «Abre la puerta al reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad», ha remarcado. Desde Podemos, la diputada Martina Velarde ha celebrado que la norma salga adelante, pero ha lamentado que no se haya contado con la voz de su formación en la negociación de las enmiendas.
Nuevo redactado de la amnistía
Un mes después del fiasco que supuso el ‘no’ de Junts a la ley, PSOE, ERC y los de Carles Puigdemont han escenificado a la Comisión de Justicia un entendimiento cerrado la última semana después de varias transacciones y modificaciones en el texto de la iniciativa. Entre otros elementos, el acuerdo implica un nuevo redactado en las exclusiones a la amnistía. Así, se podrán acoger los investigados relacionados con el proceso independentista por supuestos delitos de terrorismo, entre ellos nombres vinculados a Tsunami Democràtic. El texto incluye también los delitos de alta traición adaptados a los estándares europeos y no al Código Penal español.
La transaccional de la ley elimina las referencias de la ley al Código Penal español como fuente de definición del terrorismo, y deja solo la tipificación que en fan los convenios internacionales. Diferencia así entre lo que considera como terrorismo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional y lo que se entendería que es terrorismo según los convenios internacionales. El nuevo redactado también reescribe el artículo 1 respecto a quien se puede beneficiar de la amnistía –tal como pedía la Comisión de Venecia- para evitar que se puedan acoger casos de corrupción.
Próximos pasos
Después de su aprobación por segunda vez en comisión, la ley irá de nuevo al Congreso de los Diputados. Superado el voto en la cámara baja, tendrá que ir al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los populares ya han avisado que aprovecharán la cámara alta para probar de torpedear la ley con peticiones de comparecencias y alargando los plazos hasta que la rechace finalmente al cabo de dos meses. Será entonces cuando la ley pueda volver al Congreso -previsiblemente en el mes de mayo- donde quedaría definitivamente aprobada y lista para ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Cuando esto pase, será de plena aplicación y los jueces tendrán que adaptar sus resoluciones a lo que establece.
Una vez encarrilada la amnistía, el gobierno español mira ya la siguiente meta volante de la legislatura: la aprobación de los presupuestos generales del Estado para el 2024. Los socialistas necesitan de nuevo el ‘sí’ de todas las formaciones que permitieron la investidura, incluidos ERC y Junts. Esta semana, el portavoz de Junts en el Senado, Josep Lluís Cleries, ya ha dejado claro que su formación está abierta a la negociación de unos presupuestos sociales, pero ha advertido al PSOE que hay que corregir el déficit crónico de ejecución.
