El Congreso de los Diputados ha constituido este miércoles las comisiones de investigación sobre el espionaje a políticos mediante programas como Pegasus, la denominada operación Cataluña y los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017.
La primera de estas comisiones en constituirse ha sido la correspondiente a la operación Cataluña, la trama parapolicial contra el independentismo atribuida al Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro.
La socialista María Luz Martínez Seijo ha sido elegida presidenta. También forman parte de la mesa Aina Vidal (Sumar), como vicepresidenta primera; Noelia Núñez (PP), como vicepresidenta segunda; Arnau Ramírez (PSC-PSOE), como secretario primero; y Carlos Rojas (PP), como secretario segundo.
En cuanto a la comisión sobre los atentados del 17-A, el diputado de Sumar Txema Guijarro es su presidente. Los demás integrantes de la mesa de la comisión son Begoña Nasarre (PSOE), como vicepresidenta primera; Llanos de Luna (PP), como vicepresidenta segunda; David Serrada (PSOE), como secretario primero; y Nacho Martín Blanco (PP), como secretario segundo.
Por último, el diputado del PSOE Luis Carlos Sahuquillo ha sido elegido presidente de la comisión sobre el espionaje efectuado con programas como Pegasus y Candiru. Enrique Santiago (Sumar), como vicepresidente primero; Fernando de Rosa (PP), como vicepresidente segundo; Araceli Poblador (PSOE), como secretaria primera; y Agustín Conde (PP), como secretario segundo, completan la mesa de esta comisión.
La Operación Cataluña -la “guerra sucia” desatada por las “alcantarillas policiales” del ministerio del Interior para intentar parar el proceso independentista- tiene una derivada andorrana que, muy seguro, tendrá un importante protagonismo en los trabajos de esta comisión de investigación. Se ha constatado que, desde el Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy, se organizó y ejecutó un ataque contra la soberanía del Principado, que culminó, en 2015, con la intervención y liquidación de la Banca Privada de Andorra (BPA), para conseguir las cuentas bancarias de la familia Pujol y otros líderes soberanistas, como Artur Mas y Oriol Junqueras, con el objetivo de desprestigiarlos.
Comparecencia de Mariano Rajoy
Una vez constituida, la comisión fijará su primera reunión de trabajo, en la cual se concretará y aprobará la lista de comparecientes que serán interrogados durante las sesiones programadas. Los partidos de la mayoría parlamentaria ya han manifestado su interés para convocar, entre otros muchos testigos, el expresidente Rajoy y el exministro del Interior Fernández Díaz.
Por parte andorrana, parece que se confirmará la comparecencia de Higini Cierco, exaccionista y expresidente de la BPA, que fue víctima directa de las presiones y chantajes que hicieron agentes de las “alcantarillas policiales” para obtener de manera ilegal los datos bancarios de la familia Pujol. La familia Cierco ha presentado una demanda de reclamación patrimonial al Gobierno español por un importe de 374.893.151 euros, que es el cálculo de las pérdidas por la destrucción, en 2015, de la BPA y de su filial Banco Madrid, de las cuales eran los máximos accionistas.
Por parte andorrana, hay una gran desazón que esta comisión de investigación pueda acabar involucrando dirigentes de DA y de su círculo de confianza. También preocupa la instrucción que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, sobre el asunto de los “diamantes de sangre”, con graves acusaciones de delito de genocidio, que afecta la empresa andorrana Orfund y, de manera específica, el exministro Jordi Cinca.
Hay que recordar que el magistrado Abascal actúa como juez de refuerzo de Manuel García-Castellón, encargado de dosieres tan espinosos como el macrosumario Tándem, que involucra el excomisario José Manuel Villarejo -persona clave de la Operación Cataluña-, y el Tsunami Democrático, en el cual la plana mayor del movimiento independentista, con Carles Puigdemont al frente, afronta una acusación de terrorismo, que quedaría fuera del perímetro de la ley de Amnistía que impulsa el presidente Pedro Sánchez para conseguir el imprescindible apoyo parlamentario de ERC y JxCat.
