No será porque nadie lo haya avisado. Si la junta de Joan Laporta se empeña en aplicar favoritismos -especialidad de la casa- a la hora de reasignar los asientos provisionales del Spotify Camp Nou en obras, presuntamente a partir de noviembre de este año, no faltarán socios que acudían al juzgado en nombre del principio de igualdad de trato y de su derecho a una localidad en las mismas condiciones que el resto.
Hasta ahora, cuando se ha producido una circunstancia parecida -normalmente, en partidos fuera del estadio, finales o eliminatorias- el excedente de la demanda sobre el aforo se ha resuelto con un sorteo, la misma solución que fue anunciada por la vicepresidenta Elena Fort en el supuesto de una situación de overbooking en el traslado a Montjuïc.
No hizo falta, sobre todo porque la propia Elena Fort bendijo y anunció unos precios que echaron para atrás al 90% de los abonados, tarifas abusivas que el presidente hubo de rebajar poco después por la explosión del caso Negreira y el runrún social escéptico y receloso del proceso de adjudicación de las obras a Limak, acompañada de un plan de financiación que además de dejar fuera el Palau se cerró con intereses y condiciones superiores las embusteras informaciones de la junta.
Elena Font sigue obstinada con pasar a la historia, más incluso que Víctor Font, por decir una cosa hoy y la contraria mañana. Puede que sus argumentos para justificar el premio de priorizar a los abonados del Lluís Companys los haya de cambiar dentro de unos meses si la respuesta a otra decisión arbitraria, abusiva y antidemocrática de la junta acaba en los tribunales.
En cualquier caso, su anuncio suena a otra embaucada de las suyas como la de Montjuic, pues los valientes que al final se decidieron por abonarse son castigados con los peores asientos, cambios de ubicación en cada partido y atracos en cada consumición mientras los turistas y no socios están pagando cada vez menos a cambio de las mejores posiciones. Porque Elena Fort, en su perturbadora propuesta, no aclara si para ser de los primeros en el regreso al Camp Nou, a partir de noviembre, los elegidos deberán sacarse el abono entero de la temporada 2024-25 o habrá dos tipos de abonos, uno para seguir en Montjuic hasta noviembre y otro a partir de que se pueda reabrir parcialmente las instalaciones de Les Corts. Tampoco si los agraciados serán los abonados que han pagado por la temporada 2023-24 o todos los que se apuntarán para la siguiente. Y, mucho menos, ni la vicepresidenta ni nadie de la junta directiva han salido a desmentir los rumores cada vez más crecientes sobre la existencia de conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para prorrogar la estancia en el estadio Lluís Companys una temporada más, para favorecer las obras de la gran reforma iniciada en junio pasado.
Lo que nadie puede poner en duda es que la compatibilidad de mantener un buen ritmo de las obras con partidos regulares es prácticamente imposible. Y eso es, en definitiva, lo que la junta de Laporta no se atreve a anunciar: que quizá se desplace al estadio el acto de conmemoración del 125º aniversario (29 de noviembre de 2024), pero que el equipo siga jugando los partidos en Montjuic. Laporta se ha metido en otro buen lío.
