Los espías de Putin intervinieron en el proceso secesionista catalán

Está ampliamente detallada su presencia en Barcelona en los meses previos y posteriores al referéndum de independencia del 1-O

romeva y puigdemont
romeva y puigdemont

Cataluña, y por extensión España, está bajo la lupa europea. Los lazos del independentismo catalán con el Kremlin despiertan recelos en los socios comunitarios, hasta el punto que la Eurocámara acaba de aprobar una resolución en la cual pide que se investiguen los intentos de Rusia de interferir en las democracias occidentales. La resolución fue aprobada por 433 votos a favor, 56 en contra y 18 abstenciones.

La preocupación del Parlamento Europeo viene dada por algunos nombres de espías rusos que pasaron por Cataluña a partir del año 2016 y que se interesaron especialmente por esta comunidad desde antes del referéndum del 1 de octubre de aquel año. Por Barcelona pasaron agentes de la unidad 29155 del GRU, que se ha vinculado a varios golpes de estado en todo el mundo, así como a algunos asesinatos. El noviembre del 2016 y el septiembre del 2017, uno de sus agentes, Serguéi Fedótov, estuvo en la capital catalana con documentación a nombre de Denis Serguéiev. Pero también estuvieron Serguéi Pavlov y Aleksandr Mixkin, que participaron en otras tramas de desestabilización en repúblicas exsoviéticas.

Al margen de estos, en los días anteriores al referéndum visitó Barcelona y se entrevistó con el entonces conseller de Exteriors, Raül Romeva, la diputada letona Tatjana Zdanoka, a la cual ya entonces se acusaba de ser una agente de los servicios secretos rusos. Ahora, el Parlamento Europeo la acusa directamente de trabajar para la Quinta División del Servicio Federal de Seguridad (FSB), la antigua KGB. Después de ella, aparecieron oscuros personajes, como Nikolai Sadovnikov, un antiguo diplomático que intentó pescar en aguas turbias, y Serguéi Motin, un estafador que pretendió intervenir en el proceso catalán como mediador ante el Kremlin. Hubo algunos personajes más que están siendo investigados y que pasaron por Barcelona para encontrarse con altos dirigentes independentistas durante el año 2017.

Pero en 2019 aparece otro actor en escena: Tsunami Democrático. Esta plataforma, que está siendo investigada por terrorismo por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, también se ayudó de una oscura trama de rusos para blindar sus comunicaciones, su financiación y sus acciones. Dos de los dirigentes a los cuales el juez vincula a la estructura de Tsunami trabajaban en íntima conexión con estos personajes. Se trataba de Jaume Cabaní, contable de Carles Puigdemont, que utilizaba el alias de Kanabo, y del empresario gerundense Josep Campmajó, que utilizaba los alias de Canalla y Ainvar the Druid y que dependía directamente de Xavier Vendrell, supuesto jefe operativo de la estructura de Tsunami Democràtic. A Campmajó se le interceptó un documento con el título “Blockchain para monedas de curso legal”, con un presupuesto de la empresa Stratorn, una firma con sede en Luxemburgo.

El presupuesto hacía referencia a dos unidades de memoria tipo Kingston Encrypt Security Fecha Treveler DT2020. “Estas gestiones relacionadas con blockchain y criptomoneda, interponiendo una sociedad luxemburguesa, junto al hecho que Josep Campmajó dispusiera de información sobre la adquisición de material destinado a evitar o detectar ser espiado, refuerzan la hipótesis que pretendían que sus actividades no fueran públicas”, dice un informe de la Guardia Civil de hace pocos meses.

Pero a Campmajó se le encontró una cosa más delicada: algunos mensajes en su ordenador “en los cuales se habla del trabajo de dos informáticos, uno de nombre Serguéi, que se habrían instalado en un piso garantizando que nunca se podría saber qué era su verdadera identidad”. Pecó de exceso de confianza: estirando el hilo, la Guardia Civil enseguida encontró en sus dispositivos los nombres de los dos cracs bielorrusos que estaban trabajando para los independentistas: Serguéi Tkach y Nikolai Markovski, los dos con permiso de residencia. El primero reside en Sant Feliu de Guíxols; el segundo, a Girona. Otro individuo, Murat Podgoretskiy, era el fundador y administrador único de la empresa Altanetica, con sede a Calonge, dedicada a la prestación de servicios de telecomunicaciones y de la cual los dos primeros eran empleados. Además, está vinculado a la empresa bielorrusa ISP Belinfonet, dedicada a servicios de telecomunicaciones. Podgoretskiy había estado cónsul honorario de Macedonia del Norte en Minsk.

Paraíso de las criptomonedas

Altanetica no es una empresa pequeña. Su capital social es de 632.880 euros y figura como apoderado Lluís Pons Aguer. En esta empresa trabajan otros ciudadanos rusos o bielorrusos, como Irina Volodina, Andrei Golovkov, que es el director de compras y logística de la compañía, o el bielorruso Igor Pogoreltsev, ingeniero de sistemas que también había sido ninguno del departamento de Tecnologías de la Red a ISP Belinfonet.

En el mismo domicilio existía otra empresa con el nombre de Altanetica Plus, liquidada el 2021, que tenía como socio único Daniil Parniouk. Igualmente, el objeto social de esta firma era el mismo que la de su homóloga. Altanetica trabaja públicamente con la marca Ghofi, un operador que ofrece fibra de 1.000 Mbps, móvil con 100 gigas y teléfono fijo por 50 euros en el mes.

Con anterioridad, Podgoretskiy trabajó con las empresas Triple Unity Iberia y Triple Unity Telecom BCN, las dos con sede en la Rambla Guipúzcoa de Barcelona. Estas empresas estaban controladas, a su vez, por la firma luxemburguesa Triple Unity SARL. Todo puerta a este paraíso fiscal. De hecho, Tkach y Podgoretskiy tienen dos patentes registradas en Luxemburgo, a nombre de la empresa Uwatec SARL, que estuvo operativa entre el 24 de marzo de 2016 y el 16 de septiembre del 2021. Si a esto se añade la vinculación con la empresa Stratorn, se conforma una pista luxemburguesa que puede ser una mina de información.

Stratorn firmó un contrato el 2018 con la Universitat de Girona por “la realización de actividades de formación continuada”. Lo que se pretendía era impartir cursos personalizados relacionados con criptodivises dirigidos por el profesor Lluís Planas Casamitjana. Los cursos costaron en la Universidad 60.000 euros. La primera factura, por 35.000 euros, llevaba fecha del 3 de enero del 2018.

En representación de Stratorn, firmó el contrato Andreu Giró Teixidó, más conocido como Andi Giró, un estrecho colaborador de Xavier Vendrell, supuesto jefe operativo de Tsunami Democràtic y detenido a la operación Volhov, que dirigió el 2020 el magistrado Joaquín Aguirre, del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. Giró se comunicaba tanto con Vendrell como con Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma pro Selecciones Catalanes, detenido también en el marco de la operación Volhov, que descubrió la trama rusa del proceso. Casualmente, Vendrell y Giró cobraron decenas de miles de euros de la Plataforma pro Selecciones Catalanas.

Según la Guardia Civil, “parece que estas personas estarían desarrollando algún proyecto vinculado con sistemas informáticos y, a la vista de las imágenes intervenidas a Josep Campmajó, consideraban que sería muy difícil que se pudiera descubrir en que estaban trabajando”. Las sospechas apuntan que estaban trabajando en algún tipo de criptomoneda que alguien, posiblemente la cúpula del independentismo, había encargado para poder vender después Cataluña como el refugio mundial de las criptomonedas.

Esta tesis queda reforzada por algunos de los mensajes intercambiados entre Cabaní y Campmajó. El primero había estado el que diseñó la ingeniería financiera para que el Consell de la República de Carles Puigdemont pudiera recibir dinero opaco a sus cuentas, el mismo que la estructura que Òmnium Cultural tiene en Bélgica. Los dos formaban parte de la estructura de Tsunami Democràtic y operaban con criptomonedas y con tarjetas virtuales que solo pueden utilizarse en pagos por internet.

Los dos formaban equipo, además, con Xavier Vinyals. Al parecer, el presidente de la Plataforma pro Selecciones era uno de los encargados de controlar el desarrollo de algún tipo de software basado en tecnología blockchain y en criptomonedas. El informe de la Guardia Civil explica que “Cabaní, Vinyals y Campmajó hablaron de la necesidad de incrementar el nivel técnico en el cual trabajaban”.

Cabaní, el hombre más próximo a Puigdemont, les comentó: “Llegados a este punto, pienso que no podemos continuar sin coordinarnos con los hackers que tendrán que proteger todo esto…”. Y a continuación, reclamaba: “Necesito una persona muy técnica de confianza que sepa cómo está hecha la moneda con un correo nickname y claves PGP para ponerla en contacto con ellos. Yo no tengo el nivel técnico para avanzar”. Ante esta petición, Campmajó le contesta: “Buenos días. Me parece perfecto. Y muy bien visto. Mañana por la mañana tengo una reunión discreta con el jefe de proyecto máximo y lo encaro. Y te lo digo enseguida que tenga los datos. ¡Hecho!”.

El PGP es un sistema de mensajería encriptado para comunicarse que no puede intervenirse. Pero en aquel momento, en febrero del 2019, Cabaní dimitió de sus funciones, y esto provocó una parada del proyecto. “Ayer dimitimos de nuestras funciones en la Casa de la República. Tendremos que buscar un interlocutor allí arriba”, comunicó a sus colegas. Campmajó pidió instrucciones. “El tema de Jaume… provoca un parón en el tema cripto. ¿O hay interlocutor nuevo? ¿Puedo hacer nada?”. Xavier Vinyals le contestaba: “De momento vayamos siguiendo. Parece que Joan M. pesa muy allí arriba por la posición de su hermano. Creo que estamos tomando decisiones muy equivocadas. Miraremos de hacerle ver al Presi que así vamos mal. La cripto sigue. Ya veremos que pasará”. Joan M. se refiere, posiblemente, a Joan Matamala, hermano de Josep Maria, que fue el empresario que acompañó en todo momento Puigdemont durante los primeros meses de su fuga de Cataluña. La advertencia, además, apunta al hecho que Carles Puigdemont era conocedor de todo lo que se estaba haciendo y como se estaba haciendo.

La decisión de Cabaní de abandonar se refería a la dirección del proyecto de dotar de un sistema de comunicaciones el Consell de la República y de preservar la identidad digital republicana que Puigdemont quería implantar. El 15 de junio del 2020, le reconocía a Campmajó en una conversación que “si lo hacen para que la gente participe, bien. Estoy muy lejos del CpR [Consell per la República] y los partidos. Por eso marchamos. Porque con él saldrá todo mal. Postureo y autopromoción”. Ainvar the Druid (Josep Campmajó) que tenía hilo directo con el expresidente Puigdemont, le contesta: “Ahora, el nen [apelativo que daba su círculo íntimo a Puigdemont] me dice que ha sido cosa de Sergi Miquel y un informático suyo. Sin tecnología blockchain estamos muertos. Se tenía que generar confianza en la gente”. Cabaní lo disculpa. “Tranqui, como que los objetivos no son serios, es igual la tecnología. No hace para el enemigo”.

La Guardia Civil asegura que, “en todo caso, estas actividades las estaban haciendo de forma que se garantizara su anonimato y protegiéndolas para evitar que se pudiera vincular el grupo de informáticos de Calonge con Cabaní, y que el nexo entre ellos eran Josep Campmajó y Xavier Vinyals”. El informe destaca la obsesión por el anonimato. En un chat privado, se explica que “todos los registres mercantiles europeos están interconectados. Por ello, la primera de las dos sociedades tiene que registrarse fuera de Europa. Máximo el jueves tendré información detallada”. Sus cautelas y discreciones no les sirvieron, al final, de nada: los investigadores españoles leyeron sus códigos y sus correos como un libro abierto.

*Puedes leer el artículo entero en el número 1564 de la edición en papel de El Triangle.

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