Las familias consideran una «burla» el informe del Parlament sobre el covid en las residencias

El escrito, aprobado por ERC, PSC y Junts, admite que se cometieron errores, pero evita señalar a culpables

Concentración ante el Parlament convocada por la Coordinadora de Residències 5+1 (ACN)

La coordinadora Familiars de Residències 5+1 se ha manifestado este miércoles ante el Parlament para mostrar su rechazo y disgusto sobre el informe que la cámara catalana ha aprobado sobre el impacto del covid-19 en las residencias de gente mayor. Según su parecer, el documento es una «burla» a las familias y a las personas que murieron en las residencias durante la pandemia, puesto que reconoce que se cometieron errores y que había carencias importantes en el sistema, pero evita señalar a culpables.

El informe ha salido adelante con los votos a favor del PSC, ERC y Junts, mientras que la CUP, En Comú Podem, Vox y Ciudadanos han votado en contra. Las conclusiones del grupo de trabajo que ha analizado la cuestión señalan que «muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de información científica y del hecho de no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros para actuar en una situación de pandemia». El Departamento de Salud cifró en 4.566 los residentes que murieron a causa de la pandemia en las residencias hasta junio de 2022, una cifra que se eleva hasta más de 8.000 si se tienen en cuenta los que murieron en hospitales.

El documento sobre el impacto del covid también admite que la falta de herramientas existía desde un principio, puesto que, entre otros motivos, la cartera de servicios no se actualiza desde 2010. Además, señala la «falta de recursos asistenciales sanitarios en las residencias» y la descoordinación del ámbito social y el sanitario, que funcionaban con sistemas de información distintos y sin bases de datos compartidas.

En cuanto a las derivaciones de gente mayor de la residencia a los hospitales, el informe considera que «las decisiones se tomaron siguiendo criterios médicos», pero reconoce que «la tensión del sistema sanitario y la falta de coordinación con el sector residencial provocaron un acceso desigual a los centros hospitalarios». «Algunas residencias vulneraron el derecho de los familiares a la información sobre el estado de salud y la evolución de los residentes», añade el escrito.

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