Amnistía Internacional lamenta que el informe final del Grupo de Trabajo de Análisis del Impacto de la Covid-19 en las Residencias aprobado hoy a la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento de Cataluña no aborde la rendición de cuentas para las más de 10.000 personas muertas que vivían en residencias durante la pandemia.
Celebra, no obstante, que incorpore aspectos positivos respecto a un nuevo modelo residencial.
El informe falla en su tarea de «hacer un análisis definitivo de lo que pasó», puesto que no concreta el grado de incumplimiento de las obligaciones de la administración a la hora de garantizar la calidad de la atención en las residencias y la protección de los derechos de la gente mayor durante la pandemia.
Tampoco establece garantías de reparación y no repetición, abandonando las víctimas de vulneraciones de derechos humanos y sus familiares.
Amnistía lamenta también la carencia de celeridad de los grupos parlamentarios para elaborar unas conclusiones del Grupo de Trabajo, así como la falta de transparencia de la última sesión del Grupo de Trabajo que votó el informe final a puerta cerrada, mientras que el resto de sesiones habían sido públicas.
Ante las dificultades en el ámbito judicial, Amnistía recuerda que el Parlamento era el último baluarte y garantía del derecho a la reparación de las familias. Y añade que con la aprobación de este informe final, quedan todas las puertas cerradas para que las víctimas y familiares tengan acceso al derecho a la verdad, justicia y reparación.
El informe ha salido adelante con los votos a favor del PSC, ERC y Junts, mientras que la CUP, En comú Podem, Vox y Ciutadans han votado en contra. Las conclusiones del grupo de trabajo que ha analizado la cuestión señalan que «muchos de los errores cometidos fueron consecuencia de la falta de información científica y del hecho de no disponer de estructuras preparadas y protocolos claros para actuar en una situación de pandemia». El Departamento de Salud cifró en 4.566 los residentes que murieron a causa de la pandemia en las residencias hasta junio de 2022, una cifra que se eleva hasta más de 8.000 si se tienen en cuenta quienes murieron en hospitales.
