Ni un breve publicado en la prensa normalizada por el laportismo mayoritario. Así es como no ha repercutido, apenas, el conocimiento de que Hacienda está investigando, por sospechosas, las operaciones del actual presidente del FC Barcelona cuando movía los hilos del Reus, club centenario del fútbol catalán que desapareció del mapa acosado por las deudas, la pésima gestión de sus propietarios y administradores y la pérdida del rastro de las cantidades, algunas relevantes, aportadas por pequeños y confiados inversores con la esperanza de obtener rentas anuales mínimas de un 6%. Los conocidos integrantes de la ‘banda’ del Reus, principalmente Joan Laporta, Joan Oliver, Rafael Yuste y Xavier Sala Martín, son los objetivos de una inspección que, conociendo a los personajes no tiene nada de extraño, pero que hasta ahora había sido frenada y ralentizada desde las administraciones públicas, algo que no se entiende del todo después del enorme ruido provocado por la liquidación del club, los teatrales aterrizajes de propietarios procedentes de Florida, burlas a los aficionados reusenses y las escandalosas denuncias periodísticas que solo años después están cobrando sentido y carta de naturaleza.
Ese retraso en el tiempo de reacción de Hacienda, tres años después de certificarse en el juzgado la polémica defunción de un equipo de fútbol que dejó de jugar el resto de lo que quedaba de la temporada 2018-19, es la causa principal de que realmente Laporta y sus ‘groupies’ hayan encajado la noticia, avanzada por El Confidencial hace unos días, con mucha más preocupación y nerviosismo de lo que se pueda pensar, pues, en sí misma, la posibilidad de recibir una querella de la Fiscalía, o de cualquier otro inversor que se haya podido sentir engañado -más allá del desencanto y la frustración dejada atrás por la liquidación del club, invita a pensar que la ‘inmunidad’ con la que Laporta ha venido actuando desde hace años, prácticamente desde el momento en que levantó la voz contra Josep Lluís Núñez un lejano día de 1997, se le ha acabado de una vez para siempre. No es extraño que, de pronto, la noche del domingo pagara ese malhumor creciente contra una bandeja de canapés.
Un toque de atención significativo que, por descontado ha sido completamente soslayado por los medios y por el conjunto del laportismo digital, nada fuera de la normalidad, en una reacción del todo opuesta al tic habitual de ese mismo colectivo si la posible infracción hubiera sido dirigida contra Josep Maria Bartomeu o Sandro Rosell. No hace poco, la prensa enfatizó y publicó la presentación de una querella contra Bartomeu por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, interpuesta en base a las denuncias trasladadas en su día por Laporta a la Fiscalía como resultado del Forensic aplicado a la gestión de la junta anterior. Hoy se sabe que esa querella no ha sido interpuesta todavía, tres meses después de apuntalar y propalar un rumor que, como siempre, se encargaron de extender los medios laportistas especializados y oficialistas, SER, Sport, Agencia EFE y satélites.
La diferencia es la aplicación de la presunción de culpabilidad mediática si se trata de los gestores del pasado o la de inocencia, a veces el vacío más perturbador como en este caso, sobre la trama escondida bajo la utilización en su día de un club como el Reus para negocios que, años más tarde, siguen siendo opacos, confusos y desde luego dudosos con respecto a la legalidad.
Hacienda investiga la sociedad Core Store SL, una consultoría accionariada por los ‘cutro’ (Laporta, Oliver, Sala Martin y Yuste) usada después para controlar una segunda mercantil en Hong Kong, CSSB Limited, que la que adquirió el Reus tras forzar su conversión en SAD prometiendo inversiones y planes de ascenso, sólo parcialmente cubiertos.
Lo que se sabe es que gracias al ‘prestigio’ de esos ‘cuatro’ principales, que venían de dejar el Barça con 47,6 millones de pérdidas y una deuda que superaba la facturación, consiguieron atraer inversores a los que se les aseguró un rendimiento del 6% y una liquidez a prueba de bombas. Con ese capital, al menos en parte, el Reus compró un club de fútbol chino, se supone que para poder licenciar determinados negocios y mantener una sede social mercantil en aquel país. Joan Oliver, cuyo equipo de confianza lo formaban el abogado Pere Lluís Mellado y el ejecutivo Joan Centelles, daba la cara en Reus y un financiero estadounidense, Bryan Bachner, operaba en su nombre en ese mercado asiático donde, especialmente en Hong Kong, la opacidad financiera para el resto del mundo es uno de sus mayores atractivos.
La rentabilidad prometida nunca se cumplió, el dinero se volatilizó y el Reus desapareció. Joan Oliver cargó con el peso mediático de una culpa y de una responsabilidad de las que Laporta siempre se desentendió. “No tengo nada que ver con el Reus”, repitió durante la campaña, aunque la documentación finalmente hallada confirma su participación personal en el proceso y a la hora de seducir a posibles inversores. Los pocos que se han atrevido a denunciarlo han podido recuperar algo del dinero, en concreto dos inversoras con las que Laporta se apresuró a pactar para evitar el juicio. También se ha rumoreado que el actual director de Barça Studios, Toni Cruz, aceptó la oferta de Laporta como forma de compensarle el incumplimiento en el ‘otro’ negocio que tenían juntos.
Posibles irregularidades fiscales son lo que ahora investiga Hacienda sobre las operaciones de Core Store SL a lo largo de una etapa de gestión controvertida y repleta de no pocos embustes relacionados con la continuidad y salud finaniera del Reus, que siempre se dio como segura y firme por encima de las críticas y de las advertencias mediáticas.
Más o menos el mismo patrón reproducido en el primer mandato de Laporta sobre la gestión económica del Barça, que ocultaba pérdidas y trucos contables para camuflar tantas barbaridades, torpezas y gastos abusivos. En aquella parodia financiera del verano de 2010 tuvo un gran protagonismo quien era entonces Tesorero del club, Xavier Sala Martin, blandiendo un balance económico del ejercicio 2009-10 sin auditar y con ganancias de 10 millones en lugar de los 84 millones de déficit reales.
Tanto el ‘profesor’ como Joan Oliver se han apartado del foco en esta repetición de la jugada laportista que seguramente no conseguirá hacer desaparecer al Barça del mapa, aunque sí abocarlo a un cambio en la estructura de la propiedad a causa de una deuda impagable y una situación de colapso financiero y de tesorería sin retorno. Los que sí han vuelto a la carga, escoltando al presidente, han sido Rafael Yuste como vicepresidente deportivo y, sólo honorariamente, Xavier Sala Martín, el invisible vicepresidente de la Fundació Barça, junto a los ejecutivos Joan Centelles, nada menos que al frente del Espai Barça después de aprenderlo todo del oficio como mano derecha de Laporta en los negocios de Uzbekistán, el no menos sibilino y desconocido Bryan Bachner, dirigiendo a dos manos las oficinas comerciales del FC Barcelona en Hong Kong -¡qué casualidad!- y en EEUU, y Pere Lluís Mellado como jefe del área legal del club luego de serlo del Reus y del despacho profesional de Laporta, reabierto mercantilmente tras su regreso al palco.
Nadie puede predecir qué encontrará Hacienda rebuscando en los cajones y archivos de Core Store SL. En cambio, puede adivinarse, por los precedentes y por los indicios, que al Barça le espera el más negro de los finales. Laporta ya sabe que ha dejado de ser un personaje protegido, desde Madrid seguro y falta saber si también desde ese entorno de las ‘clavagueres’ del Govern de la Generalitat que verdaderamente no saben qué hacer con él. Es verdad que en el saqueo del Reus participó Jorge Mendes como cómplice necesario en el trasiego de jugadores y no el cuñadísimo Alejandro Echevarria que, por las trazas de sus pinceladas en el gobierno diario de club parece un elemento acelerante.
