Las movilizaciones campesinas a través de tractoradas colapsan las carreteras y las capitales europeas, también en Cataluña. Cuando el campo se moviliza existe una reacción muy urbana consistente en darles la razón o el beneficio de la duda. Como si en el sector primario al que vemos primigenio, no pudieran existir cuestiones que, como mínimo, sean discutibles o actitudes poco defendibles.
Al fin y al cabo todos venimos del campo y acostumbramos a tenerlo idealizado. Y seguro que el campesinado actual, que ya está muy lejos de lo que imaginamos, tiene muchas razones para estar preocupado por su futuro. Eso no quiere decir que todas sean válidas o defendibles. Las que esgrimen ahora no lo son, como tampoco resultan demasiado edificantes los convocantes de la protesta a través de las redes y sus motivaciones.
Todo esto nace del pulso antieuropeo que se crea en Hungría empujado por su dirigente populista y extremo Víctor Orbán, quien y gracias a sus medios ha conseguido que la hoguera se extendiera por buena parte del continente. Es una movilización política, que no sindical, con objetivos que fija y rentabiliza a la extrema derecha europea, también la de aquí. Buena parte de sus dirigentes forman parte de la industria agroganadera que ha ido ocupando el campo y no de pequeñas explotaciones familiares agrarias que prácticamente ya no quedan. Muchos de ellos vividores de las subvenciones europeas en el sector primario, con muchas denuncias por prácticas fraudulentas.
Éste es el personal. Que algunos acompañan los cortes de carretera con buena fe, no tengo ninguna duda, pero los intereses a los que sirven poco tienen que ver con el campesinado familiar y tradicional. No deja de ser paradójico que buena parte del hierro que se exhibe en los cortes de carretera sea maquinaria muy costosa financiada con la bien dotada Política Agraria Comunitaria (PAC). Corre mucho dinero público en el campo, y no siempre adecuadamente utilizado.
Que la agricultura europea sea protegida porque si no desaparecería por poco competitiva en el mercado global, probablemente todos estaríamos de acuerdo. Sin embargo, todo depende de hasta dónde. Es una actividad, aunque económicamente menor (2,5% del PIB de forma directa), resulta muy estratégica: nos aporta el indispensable alimento de calidad y mantiene el territorio habitado y en condiciones.
Hay que poder vivir en el campo y vivir de él. Sin embargo, todos tenemos que ser conscientes de que el sector agroganadero genera muchas externalidades, especialmente medioambientales que habría que contener y corregir. La Unión Europea, mediante de directivas y ayudas, va realizando este trabajo. La intensificación ganadera consume mucha agua y contamina los acuíferos, mientras el cultivo de los campos también apesta y, sin controles, el uso de fertilizantes químicos y plaguicidas resulta muy perjudicial para aguas por la toxicidad y para el mantenimiento de la necesaria biodiversidad.
Justamente, ahora que nos hemos concienciado sobre la escasez de agua, es necesario exigir formas más eficientes de su uso en el campo. La agricultura consume el 80% del total del agua. Un tercio del presupuesto de la UE va al sector agrícola (53.700 millones en 2024) y, a España, tercer receptor de fondos, en el cuatrienio 2023-27 llegarán 47.724 millones, subvencionándose todo tipo de actividades que así se pueden mantener. Que esto es bueno y debe ser así, es probable. Que los beneficiarios embistan contra la UE, en cambio, no parece tan lógico. Pedir que no se les apliquen normativas medioambientales ni objetivos de desarrollo sostenible, resulta insolidario y a todas luces inaceptable.
La extrema derecha europea tiene como estrategia antieuropeísta levantar al campo contra el status quo político, jugando con la falsa noción de que el sector primario representa la autenticidad y los valores ancestrales del territorio, el ADN más conservador y retrógrado. Es, pues, una movilización con una base y unos objetivos muy reaccionarios que poco tienen que ver con los intereses comunes y con la importancia de este sector económico.
Necesitamos un sector agroganadero potente, competitivo y moderno, que cuente con el apoyo político y de toda la sociedad, siendo conscientes de su importancia. Detrás de él, existe un sector agroalimentario que es muy importante en el país. Pero todo esto no puede descansar sobre una mística falsa del campesinado, sobre unos hipotéticos derechos a no colaborar con la sostenibilidad medioambiental como están obligadas a hacer todas las industrias, o bien exagerar el carácter de actividad hipersubvencionada con todas las disfunciones y aprovechados que esto genera.
Las cuentas deben ser claras y, a día de hoy, el balance medioambiental resulta fundamental. Ningún sector ni actividad puede exigir estar exento de esa responsabilidad.
