Colectivos ecologistas critican la «mala gestión» de la Generalitat sobre la sequía

Agua es Vida y Greenpeace, entre otros grupos, piden "medidas urgentes" para reducir la demanda de agua

Reunió del govern de la Generalitat de l'11 de juliol del 2023

Colectivos ecologistas, sociales y vecinales han lamentado este jueves la «falta de responsabilidad» de las administraciones para afrontar la sequía y han pedido al gobierno catalán «medidas urgentes» para reducir la demanda de agua, una petición que coincide con la declaración de emergencia en el sistema Ter-Llobregat por parte de la Generalitat.

Las organizaciones impulsoras de la campaña «D’on no n’hi ha, no en raja» («De dónde no hay, no mana»), han reclamado cambiar el paradigma actual «basado en suministrar este recurso a todos los sectores como si fuera infinito» y han apostado por empezar a actuar en los ámbitos que más gastan, como el turismo, la ganadería o la industria.

Los denunciantes, entre los que hay entidades como Agua es Vida y Greenpeace, han recordado que en junio de 2023 entregaron al presidente de la Generalitat, al consejero de Acción Climática y al director de la Agencia Catalana de la Agua un documento con 43 propuestas concretas para hacer frente a la sequía y proteger el agua.

Estos colectivos han criticado la «mala gestión» por parte de la Generalitat en la aplicación del Plan Especial por Sequía (PES) y han indicado que los datos de consumo de las actividades económicas con concesión de agua otorgada por la Agencia Catalana del Agua (ACA) no son públicas.

«No hay forma de saber si el PES se está cumpliendo y si las restricciones son suficientes», han lamentado. También han señalado la actitud «interesada y partidista», que ha supuesto la modificación del PES en varias ocasiones, para relajar las medidas. En concreto, han acusado al PSC y Junts, a los que señalan por la presentación de enmiendas a la ley de sequía que permitieron el llenado de piscinas de hoteles y el retraso de las sanciones pasado el verano.

También han recordado que los ayuntamientos son los que tienen las competencias sobre el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado en el ámbito municipal, y que con pocas excepciones, «han rehuido de sus funciones en materia de agua».

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