La defensa del jefe de la oficina del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha pedido a la Audiencia Nacional que anule toda la investigación del caso Tsunami Democràtic, que investiga por terrorismo el mismo Puigdemont, así como la secretaria general de ERC, Marta Rovira, el diputado de ERC Rubèn Wagensberg y una decena de personas. Según el abogado de Alay, Gonzalo Boye, la instrucción caducó el 29 de julio de 2021, y no se decretó formalmente la prórroga hasta el 2 de agosto. Como que hasta entonces no se había tomado declaración a los investigados, la defensa considera que se tiene que anular toda la instrucción y darla por archivada.
En un escrito de 16 páginas, Boye recuerda que las actuales diligencias previas, las 85/2019, se abrieron el 30 de octubre de 2019, después de las protestas del Tsunami por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, y derivaban de las diligencias previas 99/2018. Se decretó el secreto de sumario. El 29 de julio de 2020, en plena pandemia, entró en vigor una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre los plazos de la instrucción de los procesos judiciales. Una disposición transitoria daba un plazo de un año desde entonces porque las causas ya abiertas y que estuvieran secretas se pudieran prorrogar.
A pesar de esto, la instrucción no se prorrogó hasta una interlocutoria con fecha de 30 de julio de 2021 y firmada el 2 de agosto, cuando ya había concluido el plazo. Por todo esto, Boye considera que la prórroga es ilegal, por haberse dictado fuera de plazo, así como el resto de prórrogas que han alargado la causa al menos hasta finales de este mes de enero, cuando concluye una nueva prórroga.
Según la defensa de Alay, como que la primera prórroga es ilegal, todo el que se haya hecho desde entonces se tiene que anular. Como que la causa estaba secreta entonces y todavía no se había tomado declaración a los investigados, y tampoco se ha hecho desde entonces, considera que solo se pueden tener en cuenta las diligencias hechas hasta el 29 de julio del 2021. Un procedimiento judicial no se puede enviar a juicio sin haber tomado declaración a los investigados durante la instrucción. Como que no se había hecho antes, Boye considera que la causa tiene que ser anulada por completo y archivada.
