El delegado del gobierno central en Cataluña, Carlos Prieto, ha pedido explicaciones a la alcaldesa de Ripoll y líder del partido de extrema derecha Aliança Catalana, Sílvia Orriols, sobre la gestión del empadronamiento en el municipio. Lo ha hecho después de las informaciones aparecidas en El Periódico, que apuntan que la alcaldesa habría modificado el proceso y los protocolos para dilatar al máximo los trámites a los migrantes, dejando así a los menores recién llegados sin poder ir al médico ni a la escuela.
El gobierno español ha dado 20 días hábiles al consistorio para que presente un informe sobre cómo se está ejerciendo esta competencia y cómo se está cumpliendo la normativa estatal vigente. También ha solicitado datos sobre cómo se están tramitando estos expedientes, qué requisitos se exigen y cuál es el plazo de resolución de las peticiones.
La subdelegación del gobierno central en Girona también ha enviado un requerimiento a la alcaldesa de Ripoll este jueves, puesto que teme que las demoras a las que está sometiendo a los migrantes «pueden suponer una vulneración del ordenamiento jurídico vigente». De hecho, trabajadores del consistorio revelaron al diario citado que «antes se empadronaba en el momento, pero la alcaldesa quiso cambiar los protocolos y desde septiembre no se empadrona a nadie hasta pasados tres meses, que es el plazo máximo que marca la ley».
