El PSOE ha hecho público este jueves el contenido del acuerdo con Junts para la aprobación de los decretos del ejecutivo español, que según fuentes socialistas incluye el compromiso que el Ministerio de Hacienda «permita el acceso a los datos para poder elaborar las balanzas fiscales» a cualquier administración pública o centro de investigación.
Hacienda, pero, no las elaborará directamente. Según el PSOE, el objetivo es que cada cual pueda «aplicar su metodología y publicar sus conclusiones», de forma que se ganará «transparencia y capacidad de conocer con precisión el balance fiscal de cada comunidad autónoma».
El acuerdo con Junts también incluye un compromiso del gobierno del socialista Pedro Sánchez de impulsar el retorno de las empresas que trasladaron la sede social el 2017 amparándose en un decreto del gobierno del popular Mariano Rajoy.
«Plan de apoyo a las empresas catalanas»
El PSOE afirma que fruto de este acuerdo, el Consejo de Ministros aprobará un «plan de apoyo a empresas catalanas» para «revertir» las consecuencias de aquel decreto de Rajoy.
Los socialistas matizan que «evidentemente, esto no supone ni obligaciones ni sanciones para las empresas que decidan mantener su sede social fuera de Cataluña».
30% del transporte público
Los socialistas también delimitan su compromiso con Junts de asumir la totalidad del coste de los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público. Actualmente, el Estado se hace cargo del 30% de este descuento, y las comunidades autónomas de un 20% adicional.
A pesar de que la petición inicial de Junts era que el Estado asumiera la totalidad de este 50%, el PSOE dice que el acuerdo se limita a desvincular las comunidades de la obligación de añadir su 20% al porcentaje que tiene que pagar el Estado.
De este modo, según el PSOE, «el Estado asumirá el 30% de la subvención con independencia del hecho que comunidad asuma su 20%».
Ley Orgánica para transferir las competencias en inmigración
El gobierno español y el PSOE se comprometen a hacer efectiva la transferencia de las competencias en inmigración a través de una ley orgánica que se tiene que aprobar en el Congreso y que vehiculará este traspaso por la vía del 150,2 de la Constitución.
El acuerdo, según el PSOE, es hacer esta ley para que la Generalitat «pueda hacer una gestión integral de la inmigración».
El PP ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad contra esta transferencia, pero según el PSOE, en la medida que se utiliza el 150,2, la impugnación de los populares es «una vez más, un brindis al sol».
Supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil
Junts ha negociado con el PSOE la supresión del artículo 43 bis de la ley de enjuiciamiento civil, porque según la formación de Carles Puigdemont supone poner una «alfombra roja» a la cúpula judicial por no aplicar la amnistía.
El PSOE sostiene que este artículo es una transposición de la directiva europea que permite parar las causas que han sido objeto de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta que este no se pronuncie.
Según el PSOE, el régimen jurídico «no cambiará» por su supresión, porque los tribunales españoles «conservan su plena capacidad de elevar cuestiones prejudiciales y acudir al TJUE» y también «de suspender los procesos afectados mientras resuelve la justicia europea».
Esto, según el PSOE, no cambiará, porque es lo que ha estado pasando las últimas décadas, y es una jurisprudencia «pacífica» del TJUE y del Tribunal Supremo español.
«Derechos históricos en materia de régimen local»
El acuerdo entre el PSOE y Junts también implicará la aprobación de una disposición adicional a la ley reguladora de bases del régimen local «con el objetivo de reconocer los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local».
Según explica el PSOE, será un texto que estipulará que la ley de bases del régimen local «se aplicará respetando en todo caso la posición singular en materia del sistema institucional recogida en el artículo 5 del Estatuto de Cataluña».
También respetando «las competencias exclusivas y compartidas en materia de régimen local y organización territorial» y «de acuerdo con el marco competencial establecido en la Constitución y en especial en el Estatuto de Autonomía de Cataluña».
IVA del aceite al 0%
El acuerdo entre el PSOE y Junts también implica que el IVA del aceite pasará de ser un 5%, como constaba al decreto de medidas anticrisis del gobierno español, a un 0%. Según el PSOE se trata de paliar el aumento de precio de este producto fruto de la sequía.
6,25 millones para digitalizar la justicia y las prisiones
El PSOE también se compromete a transferir 6,25 millones de euros a la Generalitat de Catalunya para mejorar la digitalización de la justicia y las prisiones.
En concreto, son 2,25 millones para mejorar el sistema de información e interoperabilidad y para «convertir las prisiones catalanas en lugares seguros para la realización de videoconferencias». Se suman 4 millones para proyectos de transformación digital de la justicia.
