El Gobierno de la Generalitat ha manifestado este martes su rechazo a la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que trasladaron fuera de Cataluñya sus sedes sociales en 2017 y ahora no quieran volver, y también la posibilidad de incentivar su regreso, planteada por la patronal Pimec.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo Ejecutivo, la portavoz Patrícia Plaja ha argumentado que si ofrecieran un incentivo se estaría «penalizando a las empresas que se mantuvieron» en Cataluña, difunde el ACN.
«No, rotundamente no», ha concluido Plaja sobre si el Gobierno de Pere Aragonès se plantea incentivar a las empresas para que devuelvan la sede social a Cataluña o sancionar a aquellas que se marcharon y decidan mantenerla fuera.
La portavoz ha destacado que Cataluña ha batido récords de inversión extranjera y ha manifestado que la «lógica» indica que la sede debe estar allí donde las empresas tengan sus equipos directivos.
El portavoz de Junts, Josep Rius, había propuesto hoy que, tras incentivar a las empresas, se sancionen a las que no quieran volver, y se incentiven con medidas fiscales a las que estén en Cataluña. Pimec, por su parte, ha defendido un retorno incentivado «con la voluntad de acabar con el dumping fiscal y favorecer el regreso de las empresas».
