El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido la recusación de la letrada de la administración de justicia del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona en el caso Pegasus, que investiga el supuesto espionaje del CNI a14l teléfono móvil del dirigente catalán, si la letrada no acepta abstenerse voluntariamente.
Se trata de la misma letrada que el 20 de septiembre de 2017 asistió al registro de la sede del Departamento de Economía ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13, según ha avanzado TV3 y ha confirmado la ACN citando el contenido del escrito.
Ese hecho y sus declaraciones públicas y durante el juicio del Tribunal Supremo en la principal causa sobre el 1-O, según Aragonès, hacen que concurran en ella «motivos más que evidentes de falta de neutralidad».
El abogado de Aragonès ha pedido la abstención voluntaria de la letrada, una petición que no depende de ningún plazo, y en caso de que no acepte apartarse, pide la recusación, que se puede pedir como máximo diez días después de conocer el motivo de la recusación, añade la misma información.
La acusación particular de Aragonès conoció recientemente la identidad de la letrada de la administración, según sostiene el escrito, ya que hasta entonces no firmaba con su nombre y apellido. Fue cuando el abogado de Aragonès pidió localizar unos escritos «extraviados» que la letrada firmó con su nombre, ya a finales de 2023. De hecho, cuando Aragonès declaró al juzgado por esta causa como perjudicado, el 13 de diciembre, la letrada no asistió.
La misma información añade que Aragonès acusa a la letrada de dos «graves irregularidades» en la gestión del expediente. En concreto, de la desaparición de las actuaciones de un informe pericial informático relevante para los intereses de Aragonès, que no constaba en el expediente hasta que la letrada lo localizó casi un año más tarde a raíz de la denuncia del abogado del presidente. Este hecho, oficializado el 25 de noviembre, «no sólo es insólito sino que demuestra una gestión muy deficiente de la custodia del expediente judicial con un impacto absolutamente negativo en los intereses de la víctima, ya que tanto el instructor como la resto de partes consideraban que no había aportado ningún tipo de prueba pericial de los hechos denunciados», según el escrito.
El mismo texto también señala que la letrada de la administración de justicia ha demostrado de forma «más que pública» su posicionamiento personal contrario a la independencia y los intereses y opiniones políticas del presidente Aragonès. Además, recuerda que la letrada fue testigo protegido de la acusación en el juicio en el Tribunal Supremo contra los dirigentes del procés, que recibió una medalla al mérito por parte de la Guardia Civil, que se mostró como víctima de unos hechos que Aragonès considera que no fueron delito, y que el presidente de la Generalitat es uno de los actuales líderes independentistas.
