El gobierno central ha aprobado por decreto la modificación legal que permitirá a la Generalitat encargarse de las obras de la Ronda Norte. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves que el ejecutivo catalán podrá “licitar, contratar, efectuar el seguimiento y supervisar” las obras de la Ronda Norte. Además, también se prevé que, en el marco del futuro convenio, se pueda hacer un “desembolso anticipado de las aportaciones a la Generalitat”. Este decreto desatasca el bloqueo en el convenio de la B-40, un compromiso entre el PSC y ERC para los presupuestos que se tendría que haber sellado antes del 31 de marzo.
La modificación legal -aprobada en el decreto ómnibus del último Consejo de Ministros del año- permitiría ahora al Ministerio de Transportes y al Departamento Territorio de la Generalitat firmar el convenio para la Ronda Norte. El departamento, que lidera la consejera Ester Capella, espera recibir el nuevo documento, pero recuerda que es técnicamente imposible que se pueda analizar y firmar antes de que acabe este año. De hecho, el compromiso entre ambas partes es que el convenio se apruebe, también, en el Consejo de Ministros y en el Consejo Ejecutivo de la Generalitat.
El cambio legislativo aprobado es, según publica el BOE, para “agilizar la licitación y ejecución de determinadas infraestructuras viarias en Cataluña”, y no solo hace referencia a las obras para “dar continuidad al corredor de la B-40 ya construido en Terrassa y que configuran la Ronda Norte de los sistemas urbanos de Terrassa, Sabadell y Castellar del Vallès”, sino también a las obras para el carril bus en la entrada de Barcelona por la B-23, así como las obras de mejora de los elementos funcionales existentes en esta misma vía entre Barcelona y Sant Feliu de Llobregat.
Con el cambio legal, el gobierno catalán podrá “licitar, contratar, hacer el seguimiento y supervisar tanto las obras como las asistencias técnicas que estén vinculadas” y “licitar y contratar los estudios y proyectos que sean precisos para la posterior ejecución de las obras”. Además, también podrá ocuparse de “hacer las expropiaciones necesarias para ejecutar las obras”, aunque será el gobierno central el que tendrá que aprobar estos estudios y proyectos.
