La llegada irregular de personas migradas y refugiadas a las fronteras europeas ha crecido en los últimos dos años, después de casi cinco años de descensos progresivos. Durante el año 2023, Frontex ha contabilizado la llegada por mar y tierra de 350.000 personas que marchaban de sus países de origen y querían acceder en la Unión Europea. Hay que tener presente que la UE tiene una población de 448 millones de personas, y las personas migradas que quieren acceder a través de los accesos fronterizos no llegan ni al 1% del total.
A pesar de este impacto tan reducido en el conjunto de la población europea, la política migratoria y de asilo de la Unión Europea no está garantizando vías legales y seguras para las personas migrantes, y los nuevos textos normativos que tienen que fijar el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE tienden más a una “criminalización de estas personas” que no a una “mirada positiva de integración”, según denuncian organizaciones como Amnistía Internacional.
En declaraciones a EL TRIANGLE, la portavoz de migraciones de Amnistía Internacional, Verónica Barroso, denuncia que el sistema actual de asilo no funciona y que los nuevos textos en debate político y técnico tendrían que tender a incluir mejoras y garantías de acceso para estas personas. Hoy en día, Amnistía Internacional ha documentado y ha denunciado “situaciones preocupantes de vulneración de derechos humanos en las fronteras con detenciones arbitrarias y retornos a los países de origen o a terceros países, donde la vida de estas personas puede correr peligro o puede estar en riesgo”. Y en cambio, el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la UE “quiere reducir las garantías del sistema de acogida actual a escala europea”, a pesar de las advertencias de organizaciones como Amnistía Internacional, CEAR, Oxfam Intermón, Save the Children o Red Acoge.
El nuevo pacto entra en una fase decisiva estas últimas semanas de diciembre, donde se prevé el acuerdo político de todos los países miembros sobre las cinco propuestas legislativas que recoge. Si finalmente a finales de este año se logra un consenso político a partir de estos textos, se entrará en una fase más técnica durante el 2024, en que las organizaciones solo podrán reclamar mejoras “en matices técnicos, pero no en los grandes acuerdos políticos”. Según Barroso, las elecciones europeas del 2024 condicionan la tramitación del pacto, y se prevé que se apruebe en el mes de abril.
Por Amnistía Internacional, el contexto político actual condiciona mucho la mirada política del nuevo pacto, donde no hay ni perspectiva de género ni perspectiva de infancia para hacer frente a la vulnerabilidad de estos colectivos. Países como Polonia o Hungría claramente están bloqueando cualquier adelanto en materia de derechos y en materia migratoria. Italia, con el actual gobierno, también desde hace tiempo está poniendo muchas trabas. A todo esto, hay que añadir, según Verónica Barroso, el número de llegadas tan alto que recibieron países receptores como Turquía o Grecia, que han hecho que “la deriva sea regularizar e incrementar la fortaleza de Europa en lugar de primar los derechos de las personas a las fronteras”.
Otra preocupación para la ONG es la externalización del control de fronteras por parte de la UE a terceros países que “no son países seguros”. Hay ejemplos de vulneración de derechos de las personas migradas en Turquía, Libia o Túnez. Para Barroso, “son países donde claramente no hay un sistema de asilo, no hay garantías y dónde ya se ven vulneraciones de derechos humanos contra personas migrantes y refugiadas. En lugar de garantizar el acceso a procedimientos legales y seguros, o bien poder identificar vulnerabilidades en frontera para hacer una acogida adecuada, se plantea la detención de menores o bien un reglamento de crisis que permitirá que los estados en un momento determinado y de una manera muy arbitraria puedan incorporar derogaciones y excepciones a la propia normativa de asilo”. El riesgo será, pues, que “se pueden normalizar excepciones que generen detenciones arbitrarias, devoluciones colectivas y vulneraciones de derechos fundamentales a las fronteras”, según la portavoz de migraciones de Amnistía.
El nuevo pacto tendría que haber sido un nuevo inicio para la política migratoria europea, porque no se puede cerrar los ojos en una población que marcha de sus países de origen por múltiples necesitados vitales, y “no dejarán de hacerlo por muchas trabas que se pongan en las fronteras europeas”. Todo lo contrario, “arriesgarán todavía más sus vidas porque no habrá vías legales y seguras”. Dado que estos desplazamientos seguirán existiendo, las futuras normativas “tienden a criminalizar las personas migrantes y las organizaciones y la sociedad civil que las ayudan, cuando están asumiendo responsabilidades que son de los mismos estados y de la misma Unión Europea”.
En declaraciones a EL TRIANGLE, Gloria Elena Rendón, consultora en Diversidad Migratoria y Refugio para Europa y América Latina, y fundadora de Globalmigrat.com, lamenta que la mirada política hacia la población migrada sea solo hacia los retos que plantea y no hacia las oportunidades que aporta a las sociedades acogedoras. “No se puede hacer un paquete homogéneo de la inmigración, porque no es verdad. Está formada por diversidad de perfiles, donde hay que tener en cuenta la elevada formación y la capacidad de innovación”, afirma.
Según Rendón, “hay que visibilizar en positivo la aportación de la migración” y por eso es tan importante recoger evidencias, estudios y análisis, así como políticas públicas positivas sobre esta realidad. Según su experiencia, todas las políticas públicas tendrían que incluir la perspectiva migratoria, igual que están haciendo con la perspectiva de género, para favorecer la cohesión social, base de nuestras ciudades y pueblos. De hecho, para Gloria Elena Rendón, en España no hay evidencias para determinar si hay un problema o no con la población migrada, y cuando un responsable político habla de estos temas tendría que fomentar la cohesión social y la convivencia, y no todo lo contrario. Hoy en día, las administraciones locales son las que mejor están trabajando este tema. Para Rendón, “se hace buen trabajo en el mundo local y hay buenas experiencias en el País Vasco o en Cataluña. No hay un modelo único, y conseguir la cohesión social y la integración de la población migrada depende de las características de cada municipio y su población. Las políticas públicas se tienen que adaptar al contexto y hacer comunidades inclusivas en todos los ámbitos”.
