Las intervenciones de cuatro jefes de la policía autonómica en el Parlament de Catalunya el pasado 1 de diciembre supusieron un ataque directo a la línea de flotación de la campaña impulsada por los grupos independentistas bautizada con el nombre de CatalanGate. Los responsables de los Mossos d’Esquadra explicaron a la comisión de investigación impulsada por ERC, Junts y la CUP para acusar al gobierno español de utilizar los programas espías Pegasus y Candiru contra 65 independentistas que son partidarios de adquirir estas herramientas para prevenir y actuar contra la criminalidad.
La campaña independentista se sustenta en que el uso de estos programas atenta contra la privacidad y los derechos humanos de las personas investigadas. Los dirigentes de los Mossos aseguraron, en cambio, que estos programas pueden utilizarse de forma respetuosa con estos derechos siempre y cuando se hagan bajo tutela judicial, que es exactamente la forma como asegura el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que los utiliza. La frustración de los representantes de los grupos independentistas en la comisión de investigación la puso de manifiesto su propio presidente, Josep Maria Jové, que despidió la sesión dirigiéndose a los comparecientes para decirles: “respeto sus afirmaciones pero yo no pondría la mano al fuego de forma tan contundente por el CNI”. Dijo que lo afirmaba como diputado, no como presidente de la comisión, y que, en todo caso, lo que habían afirmado los Mossos eran sus opiniones, intentando quitarles valor.
Jové cerró la sesión después de que el jefe de la comisaría general de información, Carles Hernández, frustrara los esfuerzos de la diputada de la CUP Montserrat Vinyets por arrancarle alguna crítica a los servicios de la CNI. No sólo no lo logró sino que él y otros jefes de los Mossos que intervinieron en la sesión se refirieron a los miembros del CNI y de la Policía Nacional como “compañeros”, expresión que provocó la incomodidad en los asientos de los diputados independentistas.
Los esfuerzos de los representantes de los partidos supuestamente espiados con Pegasus tampoco lograron una condena clara contra el gobierno español en la comisión que sobre el uso de este programa en varios países europeos se creó en la Eurocámara. El Parlamento europeo se comprometió a estudiar la corrección de su uso por parte de distintos cuerpos policiales y de los servicios secretos de varios países europeos pero no recomendó su prohibición. El comisario jefe, Eduard Sallent, declaró que «es una tecnología que estudiamos y valoramos». Josep Maria Estela, predecesor de Sallent en su cargo, dijo que «necesitamos estas herramientas porque no vivimos en el mundo que queremos, vivimos en el mundo que nos toca». Carles Hernández dijo que “cuantas más herramientas tengamos, mejor, porque si esperamos que se cometan los delitos no podremos hacer la prevención” y Ramon Chacón, jefe de la comisaría central de investigación, argumentó que “estos tipos de herramientas son las mejores que pueden utilizarse en estos momentos para perseguir el crimen organizado. Lo dicen todas las policías europeas”.
El rodillo independentista con el que funciona esta comisión ha impedido que comparezca ninguno de los expertos que ha puesto en cuestión la fiabilidad del informe en el que se basa el CatalanGate, elaborado por Citizen Lab, un equipo de la Universidad de Toronto, y coordinado por el independentista catalán Elies Campo. Lo que no se esperaban los diputados independentistas es que fueran los Mossos quienes dispararan directamente a la línea de flotación de la campaña de propaganda política que han montado en base a este informe.
