Junts presenta mociones en el Parlament a los acuerdos entre ERC y PSOE por el traspaso de Rodalies y financiación

La CUP quiere que se cree un grupo de trabajo en la cámara que vigile la aplicación de la ley de amnistía

El Parlamento de Cataluña debatirá y votará el próximo pleno del 12, 13 y 14 de diciembre dos mociones de Junts sobre cuestiones que ERC ha negociado con el PSOE en el marco de la investidura: traspaso de Rodalies (Cercanías) y financiación. Concretamente, quieren que el pleno del Parlament reclame el traspaso «integral y completo». Esto después de que desde las filas de Junts hayan criticado que el presidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonès, no haya comparecido en la cámara para explicar el acuerdo con el PSOE.

El presidente de la Generalitat pidió un pleno monográfico sobre Rodalies cuando se estaba negociando con el PSOE en el marco de la investidura del socialista Pedro Sánchez. Entonces Junts y PSC no consideraron que fuera una prioridad y lo situaron para más adelante. Una vez cerrado el acuerdo para un traspaso que desde ERC consideran «integral», Aragonès aplazó la petición de pleno monográfico. Cree que se tiene que hacer más adelante para evaluar como se está aplicando el traspaso y no ahora.

Desde Junts ponen en entredicho que el traspaso sea integral, como dicen los republicanos. El documento pactado entre ERC y PSOE establece un traspaso «por fases» de «como mínimo» la R1, R2 y R3 y constituir una empresa mixta entre Generalitat y Estado para la gestión del servicio.

En medio de este clima, Junts ha presentado una moción para que el Parlament exija al gobierno del Estado un «traspaso integral y completo» de Rodalies y de los servicios ferroviarios de alta velocidad que transcurren íntegramente dentro de Cataluña. Así mismo, le insta a «completar el traspaso con los servicios e infraestructuras necesarios para dotar el territorio de una oferta ferroviaria eficiente y de calidad gestionada por Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña».

Junts también pide al gobierno del Estado la transferencia de la «financiación necesaria para la gestión de los servicios ferroviarios catalanes y el traspaso del personal, el material móvil, las estaciones y la infraestructura, tal como establece el Estatuto».

Otro de los puntos del texto de Junts pide que el Comisionado por el traspaso de Rodalies se reúna trimestralmente con una representación de los grupos parlamentarios para «hacer un buen seguimiento y mejora constante del acuerdo inicial sobre el traspaso». El gobierno catalán nombró hace unos días a Pere Macias como Comisionado de este ámbito.

En cuanto a la moción de Junts sobre déficit fiscal, quieren que el Parlament asume las conclusiones de la comisión de la deuda histórica como solución del problema de la infrafinanciación. Desde Junts también manifestaron malestar con ERC porque, según consideran, los republicanos no consideraron prioritario incluir las conclusiones de la comisión de estudio en el orden del día del pleno del Parlament. Y se trata también de una cuestión acordada entre ERC y PSOE.

Concretamente, el pacto de investidura prevé una comisión bilateral entre Estado y Generalitat en el primer trimestre de 2024 para conseguir una «financiación adecuada» y la condonación de 15.000 millones de la deuda de la Generalitat con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

La moción de Junts también insta el gobierno catalán a «no negociar ningún acuerdo que no sea bilateral y singular para la soberanía económica de Cataluña» y «no participar en las reuniones multilaterales por la reforma de un sistema financiación».

Ley de amnistía
El pleno del Parlamento de Cataluña también votará la propuesta de la CUP porque desde el Parlament se haga un seguimiento de la aplicación de la ley de amnistía. Los anticapitalistas quieren que el grupo de trabajo dedicado a este tema esté integrado por dos representantes de cada grupo parlamentario y se abra a la participación de entidades en defensa de la amnistía.

Así mismo, proponen que no acaben sus trabajos hasta que se conozcan todas las peticiones que la ciudadanía haga para acogerse a la ley de amnistía. El informe que realice el grupo de trabajo, según la CUP, se tiene que elevar a organizaciones, instancias y organismos internacionales que tengan como objetivo la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos.

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