La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha interpuesto un recurso contra la decisión del magistrado Manuel García-Castellón de enviar al Tribunal Supremo el caso del Tsunami Democràtic para que investigue por terrorismo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, al miembro de la Mesa del Parlament Ruben Wagensberg (ambos aforados), a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a nueve personas más.
En su escrito, el ministerio público considera que “la remisión de la exposición razonada viene a ser un tipo de reforma de oficio de la resolución sin ningún fundamento, sin nuevos hechos acreditados y sin que se haya practicado ninguna diligencia que haya recogido nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto a los aforados”. Esto, añade, va en contra del artículo 267.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que impide a los órganos judiciales modificar las resoluciones que pronuncien después de firmarlas excepto para hacer aclaraciones, “que no resulta ser el caso”.
De hecho, la misma Fiscalía pone de manifiesto en el recurso la “flagrante contradicción” del juez instructor cuando, en la anterior resolución, después de que el ministerio público recurriera la decisión de la Audiencia de investigar a los encausados, García-Castellón negó que fuera procedente realizar una exposición razonada porque había que “concretar con mayor precisión la participación en los hechos” de los investigados.
