La negociación de la investidura de Pedro Sánchez provocó que Junts se partiera en dos. Por un lado, el sector más posibilista vio la oportunidad de volver a hacer política, negociar cuestiones para poder vender en unas elecciones. Además, Carles Puigdemont se abonó rápido ante la posibilidad de resolver su exilio y regresar a Catalunya sin prisión. Por otro lado, los partidarios de bloquear la política española, de no tener ningún tipo de negociación –con las renuncias que implica– con el Estado, y de rechazar cualquier aproximación a un partido como el PSOE, querían impedir que las conversaciones fructificaran.
Así, Puigdemont y Turull impusieron la ley del silencio. Y funcionó. Durante dos meses, Junts no ha concedido ni una entrevista, no ha hecho ninguna declaración a la prensa y no ha respondido a ninguna pregunta de los periodistas. Ni en público, ni en privado. Pero como Junts necesitaba transmitir su mensaje en otras cuestiones alejadas de la negociación con el PSOE, llenaron su agenda de off the records que presionaban a los periodistas para que hablaran de su posición en otros aspectos. Una táctica para utilizar la prensa sin pasar por preguntas incómodas. Todo un desprecio a los periodistas.
