Las activistas por el derecho al aborto Justyna Wydrzyńska, de Polonia, y Vanessa Mendoza Cortés, presidenta de la asociación feminista Stop Violències de Andorra, ambas represaliadas por defender el acceso y la despenalización de este derecho en sus países, han mantenido un encuentro este miércoles en la sede de Amnistía Internacional de Barcelona, en la cual han coincidido en la necesidad de garantizar el acceso a un aborto seguro y legal a nivel global y, concretamente, en toda Europa.
Justyna ha sido condenada por la justicia polaca a ocho meses de trabajos comunitarios por facilitar pastillas abortivas a una mujer víctima de violencia machista. La sentencia no es firme y ya ha presentado un recurso en contra, pero no sabe cuando se resolverá. Vanessa, por otro lado, será juzgada el próximo 4 de diciembre por un supuesto delito contra el prestigio de las instituciones de Andorra a causa de una denuncia del gobierno del Principado, interpuesta a raíz de la participación de la activista, en 2019, en el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU. Concretamente, la Fiscalía pide para Vanessa una pena de 6.000 euros de multa, seis meses de inhabilitación para cargo público, y 6.000 euros de indemnización para el gobierno de Andorra.
«No es relevante la condena, si tenemos que pagar una multa o hacer trabajos comunitarios, sea cual sea no es justa, y nos castigan por defender un derecho humano. No nos envían a prisión porque entonces seríamos víctimas«, ha señalado Justyna en conversación con EL TRIANGLE. «Es una persecución política, un castigo por ser mujeres y sobre todo por luchar por el aborto», ha añadido Vanessa. El país del este de Europa tiene una de las regulaciones más restrictivas en cuanto a este derecho, junto con Malta, mientras que en el país de los Pirineos abortar es un delito en todos los casos.
Cuestión de derechos humanos
En Polonia, el aborto solo es legal en situaciones de riesgo para la vida o la salud de la mujer, o bien si el embarazo es consecuencia de una violación. Hasta 2021 también se permitía abortar en caso de «defecto fetal grave o irreversible o enfermedad incurable que amenace la vida del feto», pero el Tribunal Constitucional consideró que este supuesto es contrario a la Constitución. En cuanto a los únicos dos supuestos permitidos, según Amnistía Internacional, a la práctica es casi imposible que las mujeres consigan someterse a un aborto legal.
Andorra, en cambio, es el único Estado europeo, junto con el Vaticano, donde abortar está totalmente prohibido y se considera ilegal en todos los supuestos, hecho que incluye los casos de violaciones a menores, de peligro para la vida de la embarazada, de peligro para la vida del feto, etc. De hecho, supone un delito penal y la legislación andorrana establece condenas tanto para las mujeres que aborten como para las personas que faciliten o lleven a cabo el aborto.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas considera que la penalización y/o la falta de acceso a un aborto seguro vulnera los derechos humanos de las mujeres y puede llegar a constituir un delito de tortura. De hecho, hay países que han sido condenados por tortura por impedir que las mujeres y menores violadas puedan abortar, como es el caso de Nicaragua.
«Todas las mujeres abortan», señalan Vanessa y Justyna, que reclaman una despenalización total del aborto a nivel global y que deje de criminalizarse. También es relevante, indican las defensoras de los derechos humanos, tener en cuenta la accesibilidad y, por lo tanto, el dinero, puesto que abortar es caro y aunque esté regulado siempre habrá personas que no tendrán esta opción, vulnerando así uno de sus derechos humanos.
«Tenemos que hablar del aborto, pensar por qué lo necesitamos y plantearnos qué pasa cuando no tenemos este derecho garantizado», consideran las activistas, que recuerdan que abortar de manera legal y segura es también una cuestión de salud porque evita prácticas clandestinas que pueden poner en peligro la vida de las mujeres.
El «silencio» sobre Andorra
Durante la conversación con EL TRIANGLE, Justyna se ha mostrado sorprendida por la poca voz que los medios y las instituciones europeas han dado a Vanessa en comparación a la voz que ha tenido su causa eN Polonia, y ha lamentado el «silencio» ante la vulneración de derechos humanos en Andorra. «Quizás es porque (el Principado) no forma parte de la Unión Europea, pero no es justo», ha considerado la activista polaca, que ha recordado que «aunque Andorra sea un país pequeño, hay gente a quien hay que garantizar sus derechos humanos».
Para Vanessa, detrás de este silencio selectivo también pueden haber «intereses económicos y políticos», así como cierto «miedo» por parte de la sociedad andorrana ante el poder del gobierno y la Iglesia. De hecho, un exministro andorrano –Jordi Cinca– ha sido investigado por su supuesto vínculo con los diamantes de sangre, y el copríncipe episcopal, Joan-Enric Vives, ha sido señalado como encubridor de casos de pederastia.
