Centenares de juristas han firmado un manifiesto a favor de la ley de amnistía y contra “los intentos desestabilizadores y los ataques a las instituciones constitucionales organizados por la derecha”. El manifiesto recuerda que la democracia española ya ha vivido otras amnistías, que esta figura está amparada en el derecho internacional y que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está caducado desde hace 5 años a pesar de que este lunes se reúna de urgencia para valorar una ley que no ha sido registrada en el Congreso. Además, consideran que la amnistía puede ayudar a “normalizar” las relaciones entre los gobiernos catalán y central.
El manifiesto, titulado Juristas por la amnistía, la democracia y la convivencia y abierto a más firmas, muestra la preocupación de los firmantes por los ataques a una “posible y necesaria” ley de amnistía y por la “desestabilización” de las instituciones “organizada por la derecha”. Hasta ahora, está firmado por juristas como el catedrático de derecho constitucional Javier Pérez Royo, el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urías, el juez Baltasar Garzón, el diputado de JxCat en el Parlamento catalán y exdegano del ICAB Jaume Alonso-Cuevillas, el senador de ERC y catedrático de derecho penal Joan Josep Queralt, los dirigentes de los comunes Jaume Asens y Gerardo Pisarello, el letrado del Parlamento catalán y exdirigente de ERC Joan Ridao, y algunos jueces y magistrados en activo y jubilados, incluso del Tribunal Supremo, así como catedráticos de derecho, abogados y funcionarios de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social, entre otros.
Según los firmantes, el CGPJ «hace posicionamientos políticos ajenos a su función sobro futuribles textos jurídicos y sobre la situación política como si fuera un partido político», en lugar «de asumir su realidad caducada y contraria a la norma, rompiendo su papel institucional, mientras incumple sus obligaciones y plazos para los informes preceptivos sobre proyectos normativos de forma sistemática, o es incapaz de regular la carga de trabajo de la judicatura». En este sentido, piden que cesen los “intentos desestabilizadores y los ataques al funcionamiento normal de las instituciones constitucionales”, permitiendo que sean, respectivamente, los procesos parlamentarios y de control constitucional por el Tribunal Constitucional quienes decidan “sin presiones ni injerencias” sobre la aprobación de leyes y el examen de su constitucionalidad, si procede.
Los juristas dicen que la Constitución no prohíbe la amnistía, que opera sobre las conductas, pero sí que prohíbe los indultos generales, que operan sobre las condenas penales firmes. Aun así, recuerdan que la prohibición del indulto general no impidió que el 1 de diciembre del año 2000, un solo Consejo de Ministros del presidente José María Aznar (PP) aprobara 1.443 indultos sin alegar ningún motivo de interés general. El PP tampoco se opuso al indulto del que se benefició el general Alfonso Armada en 1988 y, además, la amnistía de delitos fiscales ha sido utilizada varias veces en la democracia española por todos los gobiernos menos el actual, incluidos los del PP, siendo las más importantes las de los años 1984, 1991 y 2012.
Además, el escrito recuerda que el indulto, la renuncia a la acción penal, la amnistía u otras figuras jurídicas equivalentes se han utilizado en diferentes lugares del mundo, y señala que en Francia, Italia o Suiza hay leyes de amnistía. De hecho, la amnistía es una figura recogida en tratados internacionales en vigor en España y también en distintas leyes vigentes aprobadas en el periodo constitucional, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Memoria Democrática.
Por todo esto, los firmantes del manifiesto consideran que “solo se puede calificar de pura demagogia que organizaciones de juristas con meras finalidades partidistas califiquen de trampas procesos normativos todavía no iniciados, o definan apocalípticamente como el principio del final de la democracia la aprobación de normas en sede parlamentaria, y por mayorías cualificadas”. “La amnistía no supone la despenalización de una conducta, sino la aplicación excepcional de una institución jurídica para normalizar una situación conflictiva, en este caso la normalización de las relaciones entre Cataluña y el resto del Estado después de las tensiones independentistas de la década pasada, tensiones que gracias a los esfuerzos de la sociedad catalana y de la española en los últimos años se han ido atenuando, y que podrían desaparecer definitivamente gracias, entre otras medidas, a una posible amnistía”, aseguran.
