Cuando se le reprocha su escasa presencia en el Parlament, Sílvia Orriols acostumbra a recordar que no es solo diputada: también es alcaldesa de Ripoll. La líder de Aliança Catalana ha justificado en varias ocasiones su limitada actividad parlamentaria argumentando que compatibiliza el escaño con la gestión del consistorio.
Pero es precisamente en Ripoll donde han empezado a acumularse algunos de los principales interrogantes sobre la capacidad de gestión de su gobierno. El último episodio hace tiempo que se arrastra. Durante el pleno municipal, Orriols anunció que el Ayuntamiento había recibido la confirmación oficial de una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026 para ejecutar las obras de transformación de la Nau del Pla en una residencia para personas mayores. Sin esta ampliación, gestionada por el gobierno de Salvador Illa, el municipio se arriesgaba a perder una subvención europea de 2,7 millones de euros, la mayor concedida nunca a Ripoll.
La noticia ha sido recibida como un alivio para el consistorio, y objetivamente lo es. Pero también deja sobre la mesa una pregunta incómoda: si ha sido necesaria una prórroga extraordinaria para garantizar la continuidad del proyecto, ¿hasta qué punto su gestión ha estado a la altura de la magnitud de la inversión que había en juego?
La subvención que se acercó al precipicio
La Nau del Pla se ha convertido en una de las principales batallas políticas del mandato. El proyecto, destinado a convertir una antigua fábrica en una residencia para personas mayores, está financiado con fondos europeos Next Generation y está llamado a transformar uno de los equipamientos más importantes de la villa.
Sin embargo, durante meses, la sombra de una posible pérdida de los fondos ha planeado sobre el consistorio. Licitaciones desiertas, modificaciones del proyecto inicial, plazos cada vez más ajustados y advertencias constantes de la oposición han alimentado el temor de que Ripoll acabara dejando escapar una inversión histórica.
Varios grupos municipales han acusado al gobierno de Orriols de poner en riesgo una oportunidad difícilmente repetible para el municipio. El debate fue escalando a medida que se acercaban los plazos fijados por los organismos gestores de los fondos europeos y aumentaban las dudas sobre la capacidad real de completar las obras dentro del calendario previsto.
Finalmente, la concesión de una prórroga hasta el 31 de diciembre ha alejado el riesgo inmediato de perder los 2,7 millones de euros. La decisión permite al gobierno municipal ganar tiempo para ejecutar las obras, pero no borra los meses de incertidumbre que han rodeado el proyecto ni el debate político generado en torno a su gestión.
No es el primer susto
El caso de la Nau del Pla no es el único episodio relacionado con subvenciones que ha tenido que afrontar el gobierno municipal durante este mandato. En abril de 2024, el grupo municipal Som-hi Ripoll denunció que el Ayuntamiento había perdido una subvención de 59.000 euros destinada a las franjas perimetrales de protección contra incendios. Según la oposición, la pérdida se produjo después de que el consistorio no consiguiera completar los trámites necesarios dentro de los plazos establecidos.
La subvención se acabó perdiendo, pero eso no eliminó la obligación legal de ejecutar las franjas de protección contra incendios. De hecho, meses después, el propio Ayuntamiento tuvo que impulsar el proyecto igualmente, ya sin disponer de aquella financiación externa.
Los dos casos tienen dimensiones muy diferentes. Pero comparten un elemento común: la dificultad para gestionar proyectos vinculados a subvenciones sometidas a plazos estrictos y procedimientos administrativos exigentes.
La paradoja de Orriols
Mientras Aliança Catalana construye buena parte de su discurso sobre la idea de la eficiencia, la gestión y el sentido común ante los partidos tradicionales, algunos de los proyectos más importantes del mandato han acabado rodeados de retrasos, advertencias y controversias administrativas.
La prórroga concedida por la Generalidad de Cataluña permite respirar al gobierno municipal y mantiene vivo el proyecto de la futura residencia. Pero también evita que una situación comprometida desemboque en un fracaso político de grandes dimensiones. Si Ripoll hubiera acabado perdiendo los 2,7 millones de la Nau del Pla, la responsabilidad habría perseguido al gobierno de Orriols durante toda la legislatura.
La concesión de este nuevo margen de tiempo permite al consistorio evitar este escenario. Pero también sitúa al ejecutivo municipal ante una prueba definitiva. Después de meses de retrasos, advertencias y controversia política, ya no habrá margen para atribuir eventuales problemas a los plazos heredados o a la complejidad administrativa del proyecto.
La residencia de la Nau del Plan se ha convertido en un examen de gestión en toda regla. Y el resultado acabará determinando una parte importante del balance político de Orriols como alcaldesa de Ripoll.
