Las noticias sobre las acciones judiciales que Joan Laporta se ha visto obligado a iniciar en las últimas semanas parecen confirmar que volverá a utilizar y gastar los servicio legales y los recursos del club, de los socios en definitiva, a favor de sus intereses individuales. Al menos así lo explican los medios oficialistas como Mundo Deportivo y Sport cuando informan que “el FC Barcelona ya ha interpuesto la demanda de conciliación previa a la querella con la que amenazó al ex comisario José Manuel Villarejo, quien en un cara a cara con Artur Mas en RAC1 aseguró que Laporta filtró información sobre Sandro Rosell que influyó en que el ex presidente fuese procesado y pasase casi dos años en prisión preventiva antes de ser considerado inocente y exculpado de todos los cargos. Tras estas declaraciones, desde el club azulgrana se apremió al polémico expolicía a rectificar, avisando que si no lo hacía se interpondría una querella contra él. Como no ha habido rectificación, el proceso judicial contra Villarejo ya se ha iniciado por parte del club”.
La pregunta subsiguiente es por qué razón es el FC Barcelona quien, de acuerdo con esta versión confirmada desde el propio departamento de comunicación, promueve una acción procesal que en ningún caso le corresponde, pues la acusación formal de Villarejo fue claramente una alusión a Laporta y a su entorno. Por tanto, si Laporta se dio por aludido de forma directa, como así parece porque ese mismo día el envió tres audios a Rosell para negar su implicación y anunciar la interposición de una querella, él y sólo él es quien está señalado por la afirmación del excomisario como potencial o presunto instigador de la causa seguida desde la Audiencia Nacional por la jueza Carmen Lamela contra el expresidente Rosell, a quien se le aplicaron dos años de prisión preventiva.
Lo coherente es que Laporta iniciase acciones legales contra lo que considera una difamación o una calumnia como se filtró desde el club a los pocos minutos de unas declaraciones de las cuales el presidente azulgrana estaba al corriente gracias a que su amigo y periodista Jordi Basté (RAC1) se las había adelantado. Advertido anticipadamente de su emisión y contenido, la reacción desde el área de comunicación azulgrana pareció impecable.
Ya en ese momento, sin embargo, y en las horas posteriores, algunos foros y luego lo apuntó también Rosell en sus declaraciones fue puesto en duda que Laporta se amparase en su cargo para que el departamento legal del FC Barcelona se hiciera cargo del primer movimiento procesal, en este caso la interposición de una demanda de conciliación que según algunas fuentes podría celebrarse el día 15 de noviembre próximo. Los juristas consultados están de acuerdo en que no existen motivos para que el Barça corra con los gastos de esta defensa si no es como resultado de un abuso de su posición. Uno más.
La acusación de Villarejo no sólo fue claramente personal y circunscrita al ámbito de su actuación privada de Laporta, sino que, por la conjugación de los tiempos que se manejan en este caso, la presunta información maliciosa enviada desde Laporta y de su entorno para alimentar la ‘Operación Cataluña’ y ‘empapelar’ a Rosell se produjo siendo este presidente y no Laporta, circunstancia que incluso podría dar pie a lo contrario, es decir, que el FC Barcelona pudiera considerar el acoso judicial al expresidente como susceptible de justificar su defensa y de costearla, pues el sustrato de ese ataque se basaba en evitar que Rosell y el Barça pudieran darle un impulso social determinante al independentismo catalán.
Laporta no tiene ningún argumento para distraer a su favor los recursos del club en este caso en el que, por otra parte, la alusión al ex jefe de seguridad de Laporta, Xavier Martorell, no ha provocado ninguna reacción por su parte que haya trascendido, a menos que Laporta también haya dado instrucciones para que desde el departamento de Pere Lluís Mellado también se hayan ocupado de prepararle los papeles para otra querella. Si Xavier Martorell no realiza ninguna acción individual para desmentir la afirmación de Villarejo esta pasividad sería un elemento inquietante a la hora de desmontar la versión del excomisario. Fuentes periodísticas próximas aseguran que Villarejo podría demostrar sus afirmaciones con pruebas documentales sobre la participación de Laporta y de Martorell como proveedores de material para incriminar a Rosell.
En el otro frente judicial que se le ha abierto a Laporta por su posible imputación en el caso Negreira el abuso de poder roza la tomadura de pelo, pues el presidente del Barça ha pasado de pedir al mismo juez, Joaquín Aguirre, poder personar al Barça como afectado, por si hubiera que depurarles responsabilidades a Rosell y a Josep Maria Bartomeu, a utilizarlos como escudo, vía Joan Gaspart, para justificar que también el club le pague las costas judiciales. La maniobra en tan ruin y surrealista que, si se confirma, de los tres presidentes investigados, en todos los casos por delitos presuntamente cometidos bajo sus mandatos -Laporta desde 2008 a 2010 en su primera etapa-, sólo Laporta se beneficiaría a la hora de defenderse con el dinero de los socios.
El planteamiento en su contra sería el mismo desplegado por el equipo legal que ahora le defenderá ante el juez Aguirre, o sea la necesidad de activar la salvaguardia de los interese del club por si, al final del proceso, de la sentencia se pudiera derivar un delito administración desleal y, por tanto, un perjuicio económico para el FC Barcelona por los pagos de 7,1 millones al ex director del Comité Técnico de Árbitros.
Laporta, lógicamente, ahora ve las cosas al revés y no ha dudado, al contrario, en armar una especie de coraza mediática apelando al poder del ‘madridismo sociológico’, un arma de destrucción masiva contra el Barça que curiosamente no entraba en juego cuando los imputados eran sólo Rosell y Bartomeu. Laporta abusa, sí. Pero porque también se lo permiten casi todo.
