Élite Taxi ha convocado una marcha lenta hasta el Parlament de Catalunya el próximo 5 de septiembre para protestar por la multa de 123.000 euros que les ha impuesto la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). Según ha indicado la entidad este miércoles, finalmente no se bloquearán los accesos de la capital durante la operación vuelta, como se pretendía realizar inicialmente, para no hacer «pagar» a los ciudadanos por la decisión de la ACCO.
La protesta saldrá de las torres venecianas de plaza España de Barcelona a las nueve de la mañana, y se desplazará por la Gran Via hasta el paseo Sant Joan y hasta el Parlament. «El taxi no merece ese desprecio por parte de la administración que más hemos defendido», apuntan en referencia a la penalización por una campaña de «boicot» a Uber y otras plataformas.
«Nos parece muy fuerte que la Generalitat esté intentando evitar el debate de la censura, los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Nos parece muy fuerte. Lo denunciaremos públicamente y a ver si de una vez por todas dejan de ponerse de perfil y salen a decir lo que tengan que decir», ha asegurado este miércoles el portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez. El responsable de las movilizaciones ha anunciado que los taxis «rodearán el Parlament». «A ver quién nos recibe, queremos que alguien nos dé alguna explicación», ha anunciado.
Desde Élite Taxi aseguran que los servicios jurídicos de la Generalitat de Catalunya se han sumado «al ataque» de la ACCO al pedir la inadmisión del recurso especial de protección de derechos fundamentales presentado por la asociación. Este paso, apuntan, los deja sin ninguna otra alternativa que convocar protestas. «Nos sorprende mucho de una institución que hace años que denuncia la represión por parte del Estado», agregan.
Este mes de agosto, los taxistas interpusieron un recurso para demandar a la ACCO ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) después de la sanción de 122.910 euros por su «boicot» a Uber y otras plataformas. La entidad en defensa de los taxistas considera que esta multa supone una vulneración del derecho a la libertad de expresión y a la defensa colectiva de intereses, entre otros.
