El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de diversas organizaciones ecologistas contra el plan del estado español de energía y clima 2021-2030 (PNIEC). Greenpeace, Ecologistas en Acción-CODA, Oxfam Intermón y Coordinadora de ONG para el desarrollo, entre otros, denunciaron hace tres años que los objetivos del plan carecían de suficiente ambición. Los recurrentes solicitaban que por no superar los 1,5 grados de incremento de temperatura global, la reducción de emisiones del período no podía ser inferior al 55% en 2030 respecto a 1990.
También reclamaban subsidiariamente declarar la nulidad del plan por establecer un nivel de reducción del 23%. El Supremo lo ha desestimado y considera que el plan es ajustado a derecho, no arbitrario y supone integrarse en el compromiso asumido por la Unión Europea en esta materia.
El alto tribunal cree que no se puede reprochar al gobierno español el incumplimiento de las obligaciones del Convenio de París porque ha adoptado la decisión de integrarse en el compromiso alcanzado a nivel mundial por la Unión Europea que, sostiene la sentencia, es la que lidera los mayores compromisos del Convenio.
«No parece que la decisión de la administración española, en legítimo ejercicio de dirección de la política nacional e internacional que le confiere la Constitución, pueda tildarse de arbitraria, sino todo lo contrario», dice la resolución.
El Supremo considera que alterar los límites de emisiones en el porcentaje que plantea la demanda implicaría obligar al Estado a renegociar una política diseñada «en plena armonía, en todo el ámbito de la UE» y se estarían «incluso afectando las competencias internacionales» del ejecutivo.
En un comunicado, Greenpeace ha lamentado que «la justicia española ha decidido no atender a las conclusiones científicas respecto a la emergencia climática, a diferencia del criterio seguido por la mayoría de los tribunales superiores de otros países europeos en litigios similares».
«El Supremo ignora la ciencia y los acuerdos internacionales y deja desprotegida a la ciudadanía», denuncia la organización, que explica que las entidades demandantes ya estudian presentar recurso contra la sentencia a la justicia europea.
