La Audiencia de Barcelona ha aceptado que sea un juzgado ordinario, en vez de la Audiencia Nacional, quien asuma la investigación sobre el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, con el programa Pegasus. De este modo, el tribunal provincial ha estimado el recurso del jefe del ejecutivo catalán porque, aunque se trate de una vulneración de la intimidad del representante de otra institución del Estado, el ataque no afecta «de manera relevante» a la forma de gobierno.
En la interlocutoria, la sección novena de la Audiencia de Barcelona señala que, de acuerdo con la querella, los ataques informáticos se habrían «focalizado» en el móvil de Aragonès, «en gran medida, en su condición de destacado miembro del partido ERC y en su condición profesional como político en la esfera más amplia de los movimientos vinculados en Cataluña al independentismo». En consecuencia, añade el escrito, el «bien jurídico» atacado es la intimidad del presidente catalán.
Sin embargo, la sala indica que «no llegamos a vislumbrar, de modo alguno, siempre con base a los hechos descritos en la querella, que los ataques informáticos, la autoría de los cuales apunta el querellante al CNI, y que habrían vulnerado esta intimidad personal, afecten, o puedan hacerlo de manera relevante, a la forma de gobierno en cualquiera de sus acepciones».
