El gobierno catalán acusa al ejecutivo central de poner «palos a las ruedas» en la lucha contra la sequía

El consejero de Acción Climática niega que pueda haber errores en el decreto ley de medidas por la falta de agua

    El consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, atiende a los medios de comunicación (ACN)

    El consejero de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, David Mascort, ha acusado este lunes al gobierno central de poner «palos a las ruedas» en la lucha contra la sequía después de que el ejecutivo de Pedro Sánchez haya amenazado con llevar al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley aprobado en mayo por el Parlamento catalán. «Nuestro redactado es más garantista que muchos de los que están aprobados en España. No entendemos esta interpretación que hace el PSOE, el gobierno del Estado, de una ley que el mismo PSC ha apoyado«, ha señalado el consejero en declaraciones a la prensa.

    Según el ejecutivo central, la ley catalana permite utilizar la contratación de emergencia sin que se cumplan algunos de los requisitos que establece la Unión Europea y sin necesidad de justificación en muchos casos, motivo por el cual la semana pasada inició los trámites para impugnar la normativa. El gobierno español, sin embargo, afirma que quiere negociar con la Generalitat para evitar ir al TC.

    Mascort ha descartado que pueda haber errores en una norma que dice «explícitamente» que cumplirá las leyes europeas y estatales y ha detallado que todavía «no es seguro» que este asunto acabe en el tribunal. «Primero hay el procedimiento bilateral para ver cómo entendemos uno y otro la interpretación de los artículos y, en el supuesto de que no nos pusiéramos de acuerdo es cuando el Estado puede decidir llevarlo al Constitucional», ha detallado el consejero, que espera que el gobierno del PSOE o quien esté en aquel momento no pida la suspensión de la ley.

    Por su parte, la consejera de Territorio, Ester Capella, ha instado al PSC a hacer respetar ante el PSOE las leyes que ellos mismos aprueban en el Parlamento, y ha considerado que al ejecutivo central «le importa cero» la sequía que afecta a Cataluña y que trata como ciudadanos «de segunda» a los catalanes.

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