Los catalanes presumimos de ser los más demócratas, los más europeos y los más avanzados de España. Pero el bochornoso espectáculo que se ha producido y se produce en una de las entidades más importantes del país, la Federación Catalana de Fútbol (FCF) –que cuenta con 1.371 clubes adheridos y 179.558 practicantes federados– lo desmiente absolutamente.
La FCF está inmersa en una profunda crisis de credibilidad ética y democrática, a causa de las gravísimas irregularidades que se detectaron y denunciaron en las elecciones celebradas en 2022 y 2023 para proceder a la preceptiva renovación de la junta directiva. Las elecciones del 22 de mayo del 2022 fueron anuladas por el Tribunal Catalán del Deporte (TCD), a causa de la demostrada manipulación y falsificación de votos que alteraron los resultados en favor del presidente saliente, Joan Soteras.
La repetición de estos comicios, celebrada el 13 de febrero del año pasado, también es motivo de escándalo. A partir de las denuncias presentadas por un grupo de clubes, que fueron víctimas de la suplantación de sus votos, el juzgado de instrucción nº 2 de Sabadell ha abierto una investigación sobre este presunto pucherazo, en el cual hay, de entrada, nueve directivos y altos cargos imputados. En el marco de estas actuaciones judiciales, los Mossos d’Esquadra procedieron, el pasado 5 de marzo, a la entrada y registro de la sede central de la FCF, en la calle Sicilia 93-97, de Barcelona, de donde se llevaron muchísima documentación y material informático relacionado con el proceso electoral.
La investigación sobre las gravísimas irregularidades de la FCF cuenta con un colaborador de excepción: el secretario general de la entidad, Oriol Camacho, que se ha convertido en “testigo protegido” y, por lo tanto, es intocable. En sus extensas declaraciones ante los Mossos, que constan en el sumario que se instruye en Sabadell, Oriol Camacho explica, con todo tipo de detalles, cómo Joan Soteras y su mano derecha, el director general de la FCF, José Miguel Calle, “cocinaron” las elecciones del 13 de febrero del año pasado para garantizar su victoria en las urnas.
El secretario general también denuncia, en sus declaraciones, el nepotismo y el sistema corrupto que rige el funcionamiento de la federación. El presidente Joan Soteras –que cobra 120.000 euros anuales– ha colocado, con cargos remunerados, a su hijo, a su nuera y a su yerno; el vicepresidente primero, Jordi Bonet, ha enchufado a su hermano; el vocal Juan Núñez, también a su hijo; el director general, José Miguel Calle, a su hijo y al marido de la prima de su mujer; el vicesecretario general, Alejandro Guerrero, se ha enchufado a él mismo y su mujer ha sido nombrada jefa de comunicación, etc.
Amenazas de muerte
Los males de la FCF arrancan del gran poder que ha logrado la sección de fútbol sala, que, a pesar de ser minoritaria, domina, de hecho, la cúpula de la entidad, a través de su director general, José Miguel Calle. Los 150 votos que controla son determinantes para asegurar la continuidad del presidente, Joan Soteras.
Personaje autoritario y con muy pocos escrúpulos, José Miguel Calle se ha hecho el amo de la federación y ejerce su cargo de manera despótica. El secretario general, Oriol Camacho, ha explicado a los Mossos que “directamente me ha amenazado, diciéndome que lo primero que haría sería matarme la perra y después continuaría por mi mujer y por mí. […] También ha hecho referencia que, en el entorno donde se ha criado de Sant Andreu de la Barca, ha tenido amigos que hacían atracos con armas, y que solo les tiene que decir una dirección y un nombre. […] Es habitual que compare sus actuaciones con cómo actúa la mafia. […] Tiene dos catanas colgadas en su despacho y acostumbra a referirse a todas aquellas personas que no le siguen el juego de forma despectiva, con insultos y amenazas de todo tipo, como ir con unos amigos a casa de determinadas personas y darles una paliza con bates de béisbol, etc.”
José Miguel Calle tiene asignado un salario anual de 125.000 euros como director general de la FCF, además de los emolumentos que percibe de la RFEF y los bonus que le paga ilegalmente el presidente Joan Soteras. La federación también le paga el leasing de un coche Mercedes para su uso personal. “Por mi familia, si tengo que matar a 30, los mataré”, ha dicho públicamente.
*Lee toda la información en la edición impresa de esta semana de la revista EL TRIANGLE
