El gobierno central inicia los trámites para recurrir al TC la ley catalana contra la sequía

La Generalitat cree que es una "aberración", pero el ejecutivo español confía en llegar a un acuerdo previo al recurso de inconstitucionalidad

Pere Aragonès con Pedro Sánchez
Pere Aragonès con Pedro Sánchez

El gobierno central ya ha iniciado los trámites para recurrir al Tribunal Constitucional (TC) el decreto ley para hacer frente a la sequía que el Parlamento de Cataluña aprobó el pasado mas de mayo. Según ha avanzado el diario Ara, el ejecutivo español empezó el proceso de impugnación de la norma la semana pasada, y la Generalitat ya ha recibido la notificación correspondiente.

Este movimiento del gobierno que lidera Pedro Sánchez llega en plena campaña electoral, después de que las abstenciones del PSC, Junts, comunes y la CUP permitieran que el decreto ley saliera adelante solo con los votos a favor de ERC. A parecer de la Generalitat, la impugnación y todo esto es una «aberración», pero el ejecutivo central quita hierro al asunto y ha indicado en el diario citado y a la ACN que quiere negociar con el gobierno catalán para evitar ir al TC.

Según el gobierno español, la ley catalana permite utilizar la contratación de emergencia sin que se cumplan algunos de los requisitos que establece la Unión Europea y sin necesidad de justificación en muchos casos. Así, fuentes de la Moncloa consideran que la ley prevé que cualquier actuación orientada a paliar la sequía exija una intervención inmediata por parte de la administración pública, hecho que hace imposible la contratación ordinaria o de urgencia. Además, la tramitación de emergencia tiene que ser un procedimiento totalmente excepcional que se tiene que limitar a lo estrictamente imprescindible para solucionar una situación extraordinaria y que hay que justificar en cada caso.

Tanto si el ejecutivo central y el catalán llegan a un acuerdo previo al TC como si no, la Moncloa asegura que el recurso no implicaría la suspensión de toda la ley. Además, indica que la pasada legislatura se iniciaron 22 procedimientos de este tipo y que en 20 (16 de forma total y 4 de forma parcial) se llegó a un acuerdo entre administraciones, evitando el recurso de inconstitucionalidad. En este caso, el gobierno español confía en que también se evite.

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