Joan Laporta ha reducido a prácticamente cero la participación y los derechos y garantías fundamentales de los socios en apenas un año y poco de gestión. Empezó por anular una de las principales herramientas de control de los estatutos que obligaba a la junta directiva a medir con una precisión quirúrgica sus actuaciones en base a dos exigencias: la obligación de presentar beneficios anuales y de limitar la deuda neta al doble del EBITDA. La supresión íntegra del Articulo 67º de los estatutos, que además concedía un margen de dos años para recuperar un supuesto escenario de pérdidas, fue aprobada en la asamblea del 17 de octubre de 2021 sobre la justificada situación económica del momento a causa del impacto de la Covid.
La junta directiva, pudiendo mantener el espíritu de la norma y circunscribir el escenario de crisis a un plazo de tiempo y de circunstancias específicas o graduales, acometió la supresión completa de esa medida fiscalizadora proponiendo a los socios la aprobación de un texto de enmienda a la totalidad: “A consecuencia de las pérdidas registradas y del endeudamiento del Club existente en el momento de aprobarse las cuentas anuales relativas al ejercicio 2020-2021, el artículo 67 de los Estatutos queda provisionalmente en suspenso y sin efectos, hasta la restitución del patrimonio neto positivo”.
En circunstancias parecidas, o peores por las proporciones del volumen de la deuda y de las pérdidas heredades de Laporta en 2010, la junta de Sandro Rosell incluyó ese artículo 67º añadiendo una disposición transitoria de reducción progresiva del ratio EBITDA-DEUDA varias temporadas.
La solución Laporta fue eliminar de un plumazo esos mecanismos que le molestaban y distorsionaban sus planes porque de ese modo podía seguir presentando pérdidas y endeudarse tanto como fuera necesario para sus propósitos. La calamitosa consecuencia de esa medida ha conducido al club a un extraño paroxismo contable en el que Laporta, con pérdidas ordinarias de 200 millones y la ocurrencia de compensarlas con la venta de activos descontrolada, está a punto de cerrar con beneficios artificiales por segundo año consecutivo sin que esos resultados, al contrario, puedan contribuir a la estabilidad necesaria.
La deuda, reconocida por el propio Laporta y por Eduard Romeu, no se ha rebajado por la caída de los ingresos y el incremento de los gastos que ha marcado hasta ahora su gestión en dos años y cuatro meses de gestión negligente, confusa y sobre todo improvisada. La deuda neta según el concepto y parámetros aceptados por LaLiga era de 682 millones a 30 de junio de 2021 (ajustada a 558 millones excluyendo las inversiones en el Espai Barça de 122 millones de euros) y de 608 millones a 30 de junio de 2022 sin que se esperen alteraciones positivas de ese indicador que tampoco ha sido hecho público ni filtrado hasta ahora.
En el Barça de Laporta, la ratio de la deuda neta sobre el EBITDA, un concepto contable que estima los beneficios antes de restar determinados conceptos como intereses de deuda, impuestos propios de la actividad, depreciaciones por deterioro y amortizaciones, parece verdaderamente un chiste. El EBITDA en el ejercicio 2018-19 fue de 179 millones, de 104 millones en el 2019-20 y de -60 millones en el 2020/21, cerrado con pérdidas 481 millones a causa de una innecesaria y equivocado interés de Laporta en empeorar el balance. Finalmente, en el ejercicio 2021-22, el EBITDA fue de 20 millones, un dato que cifraría el tope de deuda neta en 40 millones si se refresca la ratio estatutaria anulada hace tres años del máximo de deuda resultante de la operación EBITDA x2. El ratio del año pasado fue EBITDA x30, o sea a miles de años luz de cualquier esperanza de recomponer la economía azulgrana en siglos.
Laporta se enfrenta ahora, sin embargo, al riesgo de ser, una vez más, víctima de su propia trampa si es verdad que se cumplen las expectativas anunciadas por la propia junta hace apenas unos días sobre una abrumadora sensación de regreso a la opulencia de los ingresos prepandemia cuando se estableció el tope histórico -sin palancas- en 990 millones.
La verdad es que ese informe sesgado y manipulado contenía una carga de propaganda oportunista que, por desgracia, seguramente no se traducirá en la que sería la mejor y gran noticia del mandato de Laporta, el regreso a un escenario de fondos propios positivos si los beneficios del ejercicio cerrado ascienden a un euro más de 353 millones, la cifra en rojo con la que se saldó ese apunte en el balance azulgrana 2021-22.
El presupuesto aprobado estimaba en 275 millones los beneficios de la temporada 2022-23 gracias en buena parte a los 600 millones netos de beneficios en palancas, a los que habría que añadir esas ganancias adicionales tan destacadas por la propaganda oficial en estos días de zozobra e incertidumbre marcados por el ‘quiero y no puedo’ de Laporta en los fichajes que le exige Xavi para ganar la Champions.
Unos eventuales beneficios por encima de ese listón de 353 millones activarían automáticamente la restitución del artículo 67 de los estatutos, aquel que fue anulado hace dos años “porque las exigencias contenidas de restablecer una situación de desequilibrio patrimonial o de pérdidas en el plazo de dos temporadas y de mantener una cierta proporción entre el endeudamiento neto y el nivel de EBITDA, actualmente resulta inalcanzable”. El texto que lo sustituyó ordenaba la suspensión del Artículo 67º “hasta la restitución del patrimonio neto positivo”.
Puede afirmarse, por tanto, que el Barça de Laporta seguirá con el balance en negativo en cuanto a fondos propios, pues el primer interesado en no revertir este pésimo dato en el balance, ni ahora ni tampoco en las temporadas venideras, es el propio presidente. Cuestión de supervivencia para él, no para el club
