El juzgado de instrucción número 1 de Barcelona no ha aceptado que el FC Barcelona actúe como perjudicado y acusación particular en el llamado caso Negreira, de supuestos sobornos arbitrales. El club pidió personarse de esta manera al considerar que el patrimonio del club había sido gestionado de forma fraudulenta por realizar pagos irregulares al exárbitro José María Enríquez Negreira, al hijo de este, Javier Enríquez Romero, y a sus empresas.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como el magistrado instructor sostienen que la supuesta administración indebida o desleal del patrimonio del club se llevó a cabo por los representantes legales de la entidad, y tenían potestad para tomar decisiones. Además, el ministerio público considera contradictoria la pretensión del club cuando el presidente del Barça, Joan Laporta, dijo en una rueda de prensa el pasado 17 de abril que se prestaron servicios de asesoramiento de la empresa de Negreira, que se pagaron las facturas y que no existía ningún daño patrimonial a la entidad.
Por su parte, el juzgado ha decidido que la petición de Miguel Ángel D.P. de personarse como acusación popular se decida después de que haya prestado una fianza de 3.000 euros. Este hombre presentó una querella contra el Barça y sus exdirigentes, así como contra Enríquez Negreira, por los mismos hechos, pero ampliándolos al periodo de 2001 a 2011, lo que incluiría a los dos expresidentes que dirigieron el Barça en aquellos años: Joan Gaspart y Joan Laporta. La querella recayó en el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, que la acumuló en la ya instruida en el juzgado de instrucción número 1, pero la Fiscalía se opone al considerar que ese periodo ya está prescrito.
El magistrado instructor ha alargado un mes más el secreto del sumario, como había pedido el ministerio público hace unos días.
