La justicia ha abierto una investigación a la Generalitat por un supuesto trato de favor a la cimentera Lafarge de Montcada i Reixac (Vallés Occidental) después de admitir a trámite tanto la querella de la Asociación de Vecinos de Can Sant Joan como la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, y ha unificado los dos procesos.
En el escrito de admisión de la querella y de la denuncia, al cual ha tenido acceso la ACN, el magistrado ha abierto una investigación por un presunto delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. A la vez, el juez cita como investigado a Emili Dragones, exalto cargo del Departamento de Acción Climática, y al representante legal de Lafarge Holcim.
A finales de mayo, la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona presentaba una denuncia en el juzgado contra la Generalitat por presunto trato de favor a la cementera. En concreto, el ministerio público reprochaba al ejecutivo catalán el otorgamiento de licencias medioambientales a la empresa en función de unos permisos que, desde el año 2015, habían sido declarados nulos por el Tribunal Supremo.
El alto tribunal ordenó en 2022 el cierre de las instalaciones, pero todavía continúan funcionando. La cementera, gestionada por Lafarge Holcim España, produce cemento y ejerce de incineradora, hecho que según los vecinos de la zona emite polvo y partículas.
