El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Generalitat que adopte medidas de «clausura y precintado de la actividad» de la empresa cementera Lafarge, en Montcada i Reixac, mientras la justicia confirma el cierre definitivo de las instalaciones instalaciones.
El auto del TSJC ha trascendido después de que una sentencia firme del Tribunal Supremo haya confirmado la anulación, dictada por el TSJC, de la autorización ambiental que había concedido el Departamento de Territorio y Sostenibilidad a la fábrica.
El TSJC no ha ordenado todavía el cierre definitivo, a la espera de que el Supremo resuelvan un recurso de casación contra otra sentencia del propio TSJC que había declarado nula la autorización.
Posibles responsabilidades penales
El mismo tribunal, según ha publicado El Mundo, ha instado a la Fiscalía a investigar las posibles responsabilidades penales derivadas de la renovación, en 2017, de la autorización ambiental por parte del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad.
El TSJC ha anulado la renovación de la concesión al estimar un recurso de los vecinos del barrio de Can Sant Joan, de Montcada i Reixac, ya que la ampliación de este permiso se concedió cuando Lafarge no contaba con una autorización válida.
Por haberse concedido, el TSJC considera que responsables de Medio Ambiente y Sostenibilidad pueden tener que afrontar responsabilidades penales, extremo que debe estudiar la Fiscalía.
