La Audiencia de Barcelona tiene previsto juzgar a partir de lunes un exregidor del PP al Ayuntamiento de Badalona y varios empresarios por haber hecho obras ilegales a nombre del consistorio entre 2011 y 2012. La fiscalía pide para David Gómez dos años y tres meses de prisión y nueve de inhabilitación por prevaricación y fraude a la administración, y penas similares para diez personas más.
En concreto, se juzgarán una treintena de obras valoradas en cerca de un millón de euros en total, que no se llegaron a pagar. Uno de los trabajos estuvo en casa de una excoordinadora del PP y se intentó imputar el coste al Ayuntamiento, camuflando una factura por obras a la vía pública inexistentes. Gómez accedió en el gobierno municipal a raíz de las elecciones municipales de 2011 y fue nombrado regidor de Servicios Sociales y Salud, además de vicepresidente del Instituto Municipal de Servicios de Personal (IMSP) y de Badalona Servicios Sociales, entre otros. Estuvo en los cargos hasta octubre de 2012 cuando lo expulsaron del gobierno y del partido. Como regidor tenía capacidad de adjudicación de contratos de hasta 120.000 euros.
Según la fiscalía, a pesar de saber que vulneraba la normativa administrativa de contratación, Gómez contrató de manera verbal y sin informes técnicos que justificaran la necesidad diversas obras menores y mayores en locales municipales en el distrito 6 de la ciudad, del cual él era regidor. Este distrito incluye los barrios de Artigas, Sano Roc y el Remei. Esto lo hizo de forma concertada con cuatro empresas adjudicatarias y sin seguir ningún procedimiento administrativo.
El escrito del ministerio público asegura que tanto los empresarios como el regidor eran conscientes de que el importe de las obras habría requerido un procedimiento público de contratación. Los empresarios entregaban directamente y en mano o por correo electrónico al regidor las facturas, que «señalaban un concepto que no siempre se correspondía con la realidad de las obras realizadas» y «siempre indicando un coste por encima del precio de mercado o fraccionando deliberadamente el objeto del contrato y su importe». De este modo, se simulaba que el contrato podía ser adjudicado como contrato menor. Para hacerlo, algunas obras no se hacían o solo se hacían parcialmente, se facturaban por importes superiores a los del mercado o se eludía cualquier rastro documental. En este último caso, el regidor encargaba las obras sin orden previa del consistorio, sin partida presupuestaria.
Por eso, los presupuestos y facturas de las empresas iban a nombre del Ayuntamiento, pero sin indicar el departamento ni la partida presupuestaria que lo pagaría. De hecho, no se hacía ningún estudio de viabilidad, memoria, expediente, estudio o informe sobre la justificación o finalidad del gasto y las obras, no había asignación presupuestaria concreta, no se ponía a exposición pública ni había actos de comprobación de las obras. Tampoco se hicieron estudios de impacto ambiental, seguridad o salud.
Entre la treintena de obras irregulares, las empresas reclamaron más de 950.000 euros al ayuntamiento badalonés, pero el consistorio no las pagó. Por todo esto, la fiscalía les acusa de prevaricación y fraude a la administración pública, con la atenuante de dilaciones indebidas. El juicio, con cerca de unos cincuenta testigos, durará hasta finales de junio.
