Cruz Roja atendió a 591.266 personas en Cataluña en 2022, de las que 157.656 estaban en situación extrema de vulnerabilidad; es decir, un 31% más que en 2019. Se trata de la cifra más alta de los últimos cuatro años, derivada de la pandemia de la cóvid-19, el cambio climático y el conflicto de Ucrania. En el marco de la presentación del balance del último año, el presidente de Cruz Roja, Josep Quitet, también ha explicado que el 57% de las personas atendidas en ese periodo eran mujeres.
Durante los últimos años, la entidad ha detectado un crecimiento de la pobreza estructural agudizada debido a diferentes factores. Así, tal y como ha insistido Quitet, más de 150.000 personas recibieron apoyo para cubrir necesidades básicas de alimentación, higiene, material escolar o ayudas para disponer de suministros. De hecho, el presidente de Cruz Roja ha añadido que buena parte de estas personas «tienen familia y gente a cargo», una situación que les lleva a pensar que la cifra podría ser en realidad de unas 200.000 personas.
Ante esta situación, la organización ha puesto en marcha el plan Cruz Roja Reacciona, una respuesta «directa, inmediata y cercana» ante la crisis que quiere hacer frente a las crecientes necesidades de la población en un contexto de incremento continuado de los precios de bienes y servicios básicos. Sólo en Cataluña se han destinado más de 800.000 euros procedentes de fondos propios, y se ha hecho un llamamiento para captar recursos privados y públicos. El objetivo es ofrecer una atención integral a las personas en situación vulnerable, «no sólo cubriendo sus necesidades más inmediatas», sino «promoviendo su recuperación de la autonomía económica y personal».
En esta línea, Cruz Roja ha implementado programas de empleo y de inserción laboral a través de los cuales se ha atendido a 7.070 personas, de las que 2.051 han sido insertadas en el mercado laboral. La coordinadora de la organización, Anna Sabaté, ha asegurado que el perfil de personas que vienen a pedir una ayuda básica es «muy variado». Pueden ser «trabajadores pobres, que a pesar de tener un trabajo no llegan a fin de mes», y personas que trabajan pero «el incremento de los precios de consumo hace que tengan que venir a la entidad». «No sería un margen de pobreza estructural, sino personas que entran y salen del sistema, porque éste ofrece prestaciones que en un momento determinado pueden satisfacer estas necesidades”, ha concluido.
