El presidente de Consell Nacional de ERC y presidente del grupo parlamentario de los republicanos, Josep Maria Jové, ha presentado este martes el escrito de defensa de cara al juicio por el 1-O que se celebrará en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). «Este es el juicio del referendo, un juicio a la voluntad democrática de una mayoría amplísima de la sociedad catalana», defiende Jové.
En el escrito, el dirigente republicano reivindica la legitimidad democrática de convocar un referendo, avalado tanto por mayorías parlamentarias como por programas electorales no impugnados. «La convocatoria y celebración de un referéndum como el que se enjuicia nunca podrá ser sancionada penalmente ni cuestionarse su legitimidad democrática», dice el texto.
La fiscalía pide 7 años de cárcel y 32 de inhabilitación para Jové, y seis de cárcel y 27 de inhabilitación para Lluís Salvadó, número 3 de Economía en el 2017 por el delito de malversación agravada. En cuanto a la actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, reclama un año de inhabilitación y 28.000 euros de multa por desobediencia. Por su parte, la abogacía del Estado no acusa a Salvadó pero sí a Jové.
Jové denuncia que se ha articulado judicialmente una causa general contra el independentismo y en torno al 1-O. Y por eso el escrito de defensa detalla el operativo policial que trabajó, a su juicio, sin control judicial para construir su causa y articular una «investigación prospectiva sobre ningún hecho concreto, ni en relación a ninguna persona concreta, basándose en una criminalización de ideologías y proyectos políticos legales y legítimos.” En este sentido, el dirigente de los republicanos alerta del cambio en la jurisprudencia española para avalar ser independentista como «indicio de criminalidad».
