La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha reconocido este viernes que la legislación de vivienda aprobada por el gobierno español no causará una reducción inmediata de los arrendamientos. «A nadie se le escapa que con esta ley no provocaremos una caída estrepitosa de los precios del alquiler; lo que haremos es fijar unos topes en áreas declaradas tensadas», ha dicho en un almuerzo celebrado en el Hotel Palace de Barcelona. «Allá donde no se den estas condiciones, el mercado continuará marcando el precio del alquiler», ha añadido antes de resaltar que la norma es una «buena ley» que no va «contra nadie». Por otro lado, la ministra ha avisado que la Constitución no permite transferir los trenes de la «red de interés general del Estado», tal como quiere el gobierno catalán.
Ante un público donde había representantes de las patronales y el sector inmobiliario, Sánchez ha defendido que la nueva norma impulsada por el PSOE y Unidas Podemos con el apoyo de ERC y EH Bildu no atenta contra la propiedad privada. «No es una ley de arrendamientos y no va en contra de nadie, de los pequeños propietarios ni los grandes tenedores. No es una ley que atente contra la libertad de nadie», ha manifestado.
Paralelamente, la ministra ha apostado para constituir también un nuevo parque de vivienda pública que no se pueda vender a «fondos inversores» como, ha dicho, hizo el PP. En este sentido, ha reivindicado las propuestas de construir viviendas de protección oficial en terrenos de Defensa o la cesión de viviendas de la Sareb. En cuanto a las ocupaciones, ha dicho que la nueva norma no «ampara» ni favorece estas acciones ilegales. «El Código Penal prevé la figura de la usurpación y el allanamiento de morada y prevé que se pueda desocupar», ha manifestado.
