La principales asociaciones de jueces y fiscales han mostrado este lunes su intención de convocar una huelga indefinida a partir del 16 de mayo, en reivindicación de sus condiciones de trabajo y para reclamar más inversiones a la administración de justicia. Después de la huelga de los letrados de la administración y la actual de los funcionarios, jueces y fiscales consideran que los presupuestos del Estado en este ámbito son «insuficientes» y que dentro de la administración general del Estado la administración de justicia es la «cenicienta». Las entidades progresistas se podrían adherir a la huelga si la próxima reunión del 3 de mayo con el Ministerio de Justicia no da frutos suficientes.
En un comunicado conjunto, las asociaciones aseguran que las cargas de trabajo que tienen los tribunales y las fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la Fiscalía, y lamentan que «todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad».
Después de las reuniones mantenidas con el Ministerio de Justicia los días 31 de marzo (las asociaciones judiciales) y el 4 de abril (las asociaciones fiscales), ambos sectores anuncian su intención de elaborar un calendario de medidas de presión ante el «decepcionante resultado de las reuniones y a la vista de los precedentes». En este sentido, recuerdan que en octubre de 2022 y después de meses de conversaciones, el ministerio desconvocó «sin explicaciones» la llamada Mesa de Retribuciones, órgano legalmente previsto para la revisión de las retribuciones de las carreras judicial y fiscal, apenas unos días después de haberla convocado formalmente.
«Esta desconvocatoria había sido precedida de numerosas reuniones preparatorias en que, siempre de buena fe, buscábamos construir consensos con el Ministerio de Justicia, que ya el mes de marzo de 2022 se había comprometido a convocar la Mesa para el mes de octubre de este año», dice el comunicado. «La misma paciencia y sentido de responsabilidad que habíamos demostrado durante todo aquel periodo la observamos después de la desconvocatoria, ante la cual reaccionamos interponiendo una demanda para obligar el ministerio a cumplir la ley», aseguran. Y dos veces, al menos, durante este año 2023, han reclamado al Ministerio de Justicia la convocatoria de la Mesa, sin obtener respuesta, critican.
Finalmente, durante la huelga de los letrados de la administración de justicia, el ministerio los convocó a dos reuniones en marzo y en abril en las cuales «no se produjo ningún avance significativo» más allá del compromiso que la Mesa se convocaría antes del 10 de mayo. Por todo esto, las asociaciones constatan la falta de propuestas concretas en las reuniones preparatorias celebradas el 31 de marzo y el 4 de abril, y la «nula garantía que supone la convocatoria de la Mesa para el día 3 de mayo, dado que, como la experiencia nos enseña, se puede desconvocar en cualquier momento». Incluso, aunque llegue a celebrarse, consideran que «si no hay un verdadero propósito de negociar (que el ministerio todavía no ha demostrado) no seria nada más que otra manera de dilatar el acuerdo y servir de instrumento de propaganda gubernamental».
También aseguran que «la actitud prudente, callada y responsable» que han mantenido desde hace más de un año y hasta ahora, «no ha dado ningún fruto, sin que ni siquiera se nos haya permitido hablar directamente con el Ministerio de Hacienda, que legalmente forma parte de la Mesa». Finalmente, aseguran que todo esto se produce en un «contexto de sistemático y persistente abandono de la administración de justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos».
Teniendo en cuenta todo esto, las asociaciones de jueces APM, AJFV y FJI, así como la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e independiente de Fiscales han anunciado su intención de convocar huelga indefinida a partir del 16 de mayo. Por su parte, las dos asociaciones progresistas, Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, comparten el diagnóstico y soluciones propuestas y no descartan adherirse a la huelga, pero primero quieren esperar una última reunión con los ministerios de Justicia y de Hacienda, prevista el 3 de mayo.
