Los sindicatos de funcionarios judiciales han iniciado este lunes una huelga indefinida para conseguir mejoras retributivas en la línea de lo que consiguieron hace poco los letrados de la administración de justicia (LAJ) a raíz de una huelga de dos meses. Los paros serán de 10 de la mañana a 13 del mediodía cada día, pero el miércoles 19 de abril será durante todo el día y se prevé una manifestación en Madrid. Los sindicatos convocantes, CCOO, UGT, CSIF y STAJ, basan sus reivindicaciones en el reconocimiento de las funciones que realmente realiza cada uno de los cuerpos funcionariales y exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de la Ley Orgánica de eficiencia organizativa. En concreto, piden de 350 a 430 euros mensuales más de sueldo.
En Barcelona, se ha hecho una concentración en la Ciudad de la Justicia de la capital catalana y se han hecho otras en Sabadell, Mataró y Vilanova i la Geltrú. Los otros días se repetirán las concentraciones en estos juzgados y en los de Terrassa, Granollers y Manresa. En la Ciudad de la Justicia de la capital catalana, un centenar de funcionarios se han concentrado en la puerta con pancartas, carteles y bocinas, y han mostrado y gritado lemas como «Aquello público es de todo el mundo, ni recortes ni privatizaciones» o «Sin justicia no hay democracia».
En Tarragona, más de sesenta funcionarios se han concentrado ante el Palacio de Justicia para exigir que queden definidas las funciones «reales» de los trabajadores y mejorar las condiciones salariales. Desde los sindicatos han denunciado que los secretarios judiciales han impuesto servicios mínimos elevados para que la huelga no se note en los juzgados y en la protesta, que se ha alargado durante casi media hora, los representantes sindicales han leído un manifiesto. También se ha hecho una concentración en los juzgados del Vendrell, mientras que en los próximos días se repetirán en la capital, Reus y Tortosa. En Girona y Lleida solo se hacen concentraciones en las dos capitales.
Una huelga «justificada»
En un comunicado, los sindicatos encuentran más que justificada la convocatoria de huelga porque consideran que el gobierno central ha tratado como «funcionarios de segunda» al 93% del personal de la administración de justicia, que lleva el peso fundamental del trabajo, elevando las retribuciones de solo el 7% restante (los letrados). Para las organizaciones convocantes, actualmente no está reconocida la responsabilidad, profesionalidad y especialización de la totalidad del personal de justicia (cuerpos generales, especiales y médicos forenses) ni las funciones reales de los cuerpos generales. Así mismo, dicen, se «desprecia» la implicación, la participación y el papel determinante de la inmensa mayoría del personal de la administración de justicia en los nuevos modelos organizativos y tecnológicos.
Los sindicatos critican que el Ministerio de Justicia quiere imponer, sin negociar, la Ley de eficiencia organizativa que pone en riesgo los puestos de trabajo, los destinos, la movilidad voluntaria, las retribuciones especiales y las funciones concretas del personal de los juzgados. Con las movilizaciones y la huelga convocadas los sindicatos exigen la paralización de la tramitación parlamentaria de esta ley hasta que no se llegue a un acuerdo para modificarla en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia.
CCOO, CSIF, STAJ y UGT también exigen el reconocimiento profesional y retributivo de las funciones que realmente realicen todos los cuerpos funcionariales, eliminándose la acumulación en el cuerpo de letrados de funciones que finalmente realizan y son delegadas en los cuerpos generales sin compensación. Por eso, reivindican el incremento del complemento general del lugar, que es el único concepto retributivo aplicable para todos los cuerpos generales y especiales y para todas las comunidades autónomas, tengan o no transferidas las competencias en materia de personal judicial.
Así, los sindicatos reclaman incrementos retributivos de 430 euros mensuales para médicos forenses y facultativos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (personal funcionario del grupo A1, igual que los LAJ), 400 euros para los gestores y técnicos especialistas de laboratorio (grupo A2), 375 euros para los tramitadors y ayudantes de laboratorio (grupo C1) y 350 euros mensuales para los auxilios judiciales (grupo C2). Los sindicatos reclaman, finalmente, la eliminación de las diferencias retributivas derivadas de los grupos de población, elevándolas a las que se perciben en el grupo 1 (Madrid y Barcelona) y la publicación, antes de que finalice esta legislatura y previa negociación colectiva, del real decreto que establezca los criterios y las cuantías mínimas del complemento de carrera profesional.
Los funcionarios lamentan también que la huelga de letrados provocó la suspensión de muchos juicios, a los cuales anteriormente no asistían, y ahora hay muchos atrasos. De hecho, en el comunicado, los sindicatos critican «comportamientos cuestionables» de muchos LAJ durante la huelga, a quienes critican también algunas de sus reivindicaciones que dejan de lado, según los funcionarios, las tareas de los otros trabajadores judiciales. La anterior huelga de los letrados y la actual de los funcionarios ha llevado algunas asociaciones de jueces a plantearse también hacer huelga para reivindicar mejoras. De hecho, algunas ya han consultado sus bases, que están a favor de los paros.
